Aboi presentó nuevos contratos e instó a las administraciones a investigar en buques y cuentas bancarias de los trabajadores
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -
El secretario nacional del sindicato CIG-Mar, Xabier Aboi, responsabilizó a las consellerías de Pesca y Traballo, a la Inspección del Ministerio de Trabajo y a la Fiscalía de "complicidad" ante la situación irregular de los marineros indonesios enrolados en buques gallegos de altura y gran altura, de los que aseguró que trabajan en condiciones de "esclavismo".
En rueda de prensa, el portavoz de la central nacionalista reiteró las acusaciones vertidas el 15 de diciembre sobre la contratación "irregular" de tripulantes de este país asiáticos en origen por parte de empresas intermediarias, entre las que volvió a citar a la sociedades Spain Total Quality, con sede en Vigo, y Shipping Oriental Services (Shipopesca), con sede en Xove (Lugo), así como a Crewnova, asentada en la ciudad olívica.
No obstante, precisó que estas compañías "no son responsables", al limitar su función a un intento de hacer "negocio en base a carne humana", y, por el contrario, cargó contra las administraciones gallega y estatal.
Aboi reprochó al jefe de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social de A Coruña que se ciñese a remitir a las inspecciones provinciales la documentación incorporada junto a la denuncia de CIG-Mar, tal y como se le comunicó al sindicato el 29 de diciembre.
En la misma línea, solicitó "dignidad" al titular gallego de Traballo, Ricardo Varela, apelando a su pasado como sindicalista y le pidió que cumpliese las "órdenes" transmitidas por el presidente gallego en un reciente acto ante diversos colectivos de inmigrantes en A Coruña.
Asimismo consideró que la conselleira de Pesca, Carmen Gallego, tendría que "ser cesada" por no haber abordado el tema ni convocado "inmediatamente" la comisión social del Consello Galego da Pesca. Aboi cargó, además, contra la Fiscalía, de la que aseguró que "debe estar muy ocupada" al no actuar en este tema.
MÁS DENUNCIAS
El portavoz de CIG-Mar presentó hoy una nueva copia de un modelo de contrato, suscrito por la empresa viguesa Crewnova, que, a su juicio, "desmonta lo que algunos quisieron callar". "Y hay más papeles", advirtió.
En el documento que leyó Aboi, fechado el 9 de septiembre del año pasado, se acordaba una relación laboral por 18 meses de duración, a cambio de 300 dólares mensuales --225,6 euros-- y sin derecho a Seguridad Social. "No es el salario mínimo que decían todos", encaró tras recordar que éste supera los 600 euros y matizar que no incluye prorrateo de las pagas, descansos ni el pago de las vacaciones.
El tripulante deberá cubrir las horas de trabajo "que marque el capitán", continuó leyendo, para añadir que el asalariado no cobrará hasta superar tres meses de prueba, periodo en el que será el armador quien "guarde" ese dinero, que se ingresará en la cuenta bancaria del marinero "al final del contrato".
El armador reserva el derecho de despedir al tripulante si el capitán "no está satisfecho" o si "rompe la disciplina abordo", casos en los que no se les pagará "ni el viaje de vuelta a su país". El coste del retorno a su patria sólo será asumido por el empresario en caso de que el asalariado sufra un accidente o enferme en el periodo de prueba, agregó.
La relación laboral también podrá finalizar si el marinero desierta, abandona el barco sin permiso, posee alcohol abordo o "exhibe persistentemente negligencia" en la práctica de su trabajo.
BARCOS Y CUENTAS BANCARIAS
Ante estos documentos, el secretario nacional de CIG-Mar se preguntó qué "tienen que tapar" los distintos departamentos de las administraciones públicas y la Fiscalía y consideró que "no es la función" de esta organización sindical involucrarse "en una guerra entre empresas --intermediarias-", en la investigación de las cuentas bancarias de los tripulantes o en los barcos y sus salidas de puerto.
Precisamente sobre esta cuestión citó el caso de un buque con base en Ribeira (A Coruña) que habitualmente trabaja en el caladero mauritano y que "hace unos días aún estaba amarrado", cuyo armador no paga alojamiento a sus marineros indonesios porque "duermen en el barco". Aboi afirmó que el denunciante de esta situación firmó su contrato con Crewnova.
Así insistió en sus argumentos respecto a las citadas empresas, después de haber abordado los hechos denunciados en diciembre con Spain Total Quality y Crewnova, cuyos responsables, como apuntó, desmintieron las acusaciones de Aboi y mantuvieron que "todos los tripulantes cobran como los gallegos".
Sin embargo, Aboi recordó que ése no era el caso de los trabajadores indonesios enrolados en el 'Rosamar', una circunstancia que, según señaló, su patrón justificó en su día por la condición de aprendices de los tripulantes asiáticos cuando "esa categoría no existe y si hay contratos son ilegales", aseveró.
En esta línea citó el caso de un buque con base en Sines (Portugal), que cuenta con cinco marineros indonesios abordo dados de alta como "técnicos de frío" y, según añadió, "el barco no tiene máquinas de frío".
Aboi agregó que, después de haber sacado a la luz esta situación en diciembre, CIG-Mar recibió múltiples denuncias y, entre ellas, destacó el caso de A Guarda, donde, como indicó, "la gran mayoría de la flota anda con indonesios", por lo que instó a las administraciones a investigar.
El sindicalista desvinculó al presidente de la Asociación de Armadores de Burela (ABSA), Ángel Fernández Véquez de cualquier implicación con las condiciones de los pisos en los que algunas empresas dan alojamiento los tripulantes indonesios en esta ciudad mariñana, pese a volver a cuestionar las características de esos domicilios.
OTRAS EMPRESAS
En respuesta a preguntas de los periodistas, Aboi defendió haber denunciado a otras empresas que operan en el sector y, en concreto, a Fishing Work Corporation después de que muriesen tres marineros indonesios en el accidente del buque 'Bergur' en el puerto de Marín, en febrero de 2007. "Quien tapó las investigaciones fue el subdelegado del Gobierno en Pontevedra", argumentó.
Tras insistir en que no participará "en la guerra" entre firmas, justificó haber denunciado a las compañías de las que tenía "papeles". "Aquí todo el mundo sabe lo que está pasando con los indonesios", replicó, para reprochar que la asesoría jurídica del Ministerio de Interior permita intervenir en las embarcaciones de las que se sospeche su vinculación al tráfico de drogas y, no obstante, no se haga lo mismo con los buques pesqueros.
