Pesca.- Ecologistas y vecinos presentan 1.000 alegaciones y más de 10.000 firmas contra el Plan Acuícola

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Distintas asociaciones ecologistas, como Adega y Verdegaia, y plataformas medioambientales municipales, como la de Quilmas, Corrubedo y Seráns, presentaron hoy 1.000 alegaciones y más de 10.000 firmas contra el nuevo Plan Acuícola de Galicia que piden que se paralice por sus daños medioambientales, paisajísticos, sociales y económicos.

"Es un auténtico desatino", resumió el secretario executivo de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega), Fins Eirexas, en la rueda de prensa ofrecida junto a las plataformas pola Defensa do Patrimonio de Quilmas, la de Corrubedo y la de Seráns.

Todos coincidieron en que el Plan Sectorial de Acuicultura no será "beneficioso" desde ningún punto de vista, "ni económico, ni ambiental, ni social, ni paisajístico".

Además, Adega aseguró que "no es necesario" un plan que regule la acuicultura en tierra, puesto que este sector "genera el 1,8% de la producción total del sector y el total de los puestos de trabajo directos e indirectos que ocupa constituye menos del 20% de los empleos, sólo directos, que genera la acuicultura a flote".

Asimismo, Fins Eirexas rechazó este plan por ser una "adaptación" del aprobado por el Partido Popular en su último Consello de la Xunta al frente del Gobierno gallego, y criticó que se mantenga la declaración de incidencia supramunicipal, puesto que ésta es "irregular".

ALEGACIONES.

Adega consideró que este plan "no tiene efectos positivos" para el medioambiente, puesto que las especies criadas en las piscifactorías se alimentan de proteína animal convertida en pienso, por lo que se extraerán del mar "inmensas cantidades de biomasa para alimentar a los peces de las granjas, disminuyendo la diversidad natural del mismo".

Además, respecto a las instalaciones que se situarían dentro de la Red Natura, próximas o inmediatamente contiguas a un Lugar de Interés Comunitario (LIC) o a una Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA), comprometerán su "integridad natural, puesto que generan millones de metros cúbicos de aguas contaminadas".

Por este motivo, el portavoz de la plataforma medioambiental de Corrubedo, Manoel Santos, denunció "la constante destrucción de la costa". "No estamos dispuestos a entregar lo mejor del país a cuatro transnacionales fabricantes de pescado", aseveró.

Asimismo, Adega señaló que la Administración gallega "desconoce" la composición y carga de contaminante de los efluentes vertidos por estas instalaciones, "puesto que prácticamente las 27 instalaciones de acuicultura industrial de Galicia carecen de permiso de vertido, a pesar de que algunas llevan más de 15 años en funcionamiento".

Por otra parte, Adega destacó que las piscifactorías "no contribuyen al desarrollo sostenible social y económico", puesto que los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) del año 2001 aclaran que estas empresas cuentan con "plantillas inferiores a 50 trabajadores, de las que más de un tercio tienen menos de 10 empleados".

Además, consideró que este tipo de acuicultura "pone en riesgo la actividad pesquera y marisquera tradicional. Por esto, la asociación ecologista señaló que "teniendo uno de los mares más ricos, es un auténtico despropósito promover la agricultura en tierra".

En este sentido, el portavoz de la Plataforma pola Defensa do Patrimonio de Quilmas, Xosé Manuel Casais, demandó que "sería mucho mejor ceder el terreno de estas piscifactorías a las cooperativas gallegas", en vez de "expropiar terreno a los vecinos", tal y como denunció la representante de la Plataforma Medioambiental de Seráns, Lola Romero.

Otra de las alegaciones de Adega es la obligatoriedad de respetar la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, que marca la imposibilidad de construir a menos de 100 metros del litoral. Sin embargo, las empresas acuícolas sitúan sus instalaciones "a pie de mar".

TOTAL RETITADA DEL PLAN ACUICOLA

La asociación ecologista Adega declaró que no están en contra de las actividades industriales, mientras "no comprometan el interés social ni perjudiquen el medioambiente", y consideró que "si las plantas fueran de menor tamaño, contaran con sistemas de depuración eficaces y se situaran fueras de zonas de interés medioambiental, donde no pusieran en peligro la naturaleza", serían un "importante" complemento para el aprovechamiento de los recursos.

Sin embargo, Adega consideró "errados y fuera de la realidad" los criterios empleados por Pesca, por lo que se opuso al plan y solicitó la "total retirada de los proyectos".

Además, recordó que "no sólo las asociaciones ecologistas se mostraron contrarias al plan, sino también algunos ayuntamientos y los Colegios de Arquitectos de Lugo y A Coruña".

QUILMAS, CORRUBEDO Y SERANS

El representante de la Plataforma pola Defensa do Patrimonio de Quilmas, en el Ayuntamiento coruñés de Carnota, Xosé Manuel Casais, advirtió de que este plan "destruye de forma brutal el patrimonio de Quilmas" y presentó 150 alegaciones de distintas asociaciones de la Costa da Morte.

Por su parte, el portavoz de la Plataforma Medioambiental de Corrubedo, en el municipio de Ribeira (A Coruña), Manoel Santos, calificó de "colonialista" la "ocupación" de distintas empresas transnacionales que "ni siquiera se encuentran en la estructura económica de España, pero a las que la Administración les regala los espacios protegidos por el pueblo gallego".

Además, recalcó que, a pesar de que intentaron en "numerosas ocasiones" mantener una entrevista con la titular de Pesca, Carmen Gallego, no "fue posible". Sin embargo, criticó que Gallego "sí se desplazó a Noruega a mantener reuniones con las empresas" que "desarrollan aquí sus plantas de explotación, debido a que en su país está prohibida la acuicultura en tierra". Igualmente, esta plataforma presentó 3.000 firmas que fueron recogidas entre los vecinos del pueblo.

También, la representante de Seráns (Porto do Son, A Coruña), Lola Romero, acudió a esta rueda de prensa con un aval de 7.500 firmas de los vecinos, y declaró que "no se puede consentir que la Administración favorezca a las grandes empresas en lugar de preocuparse por los intereses del pueblo gallego".