SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno español está agilizando todos los trámites precisos para repatriar a la mayoría de la tripulación de los tres barcos arrasteros apresados en aguas de Noruega por este país en las dos últimas semanas, los 'Arosa 9', 'Arosa 12' y 'Arosa 15', los tres propiedad de Transpesca.
Según confirmaron a Europa Press fuentes del Ministerio de Pesca, en total serán "repatriadas 78 personas, todas menos las imprescindibles para que puedan navegar los barcos en caso de que puedan hacerlo".
Las autoridades de Noruega han acusado hoy formalmente a los arrastreros gallegos 'Arosa 9' y 'Arosa 12' de infradeclaración de capturas, al registrar en el libro de actividad pesquera menos cantidad de bacalao del realmente recogido alrededor de las costas de Svalbard.
El Ministerio de Pesca precisó que están prestando declaración en en Tomsoe ante la autoridades policiales los capitanes de ambos arrastreros, propiedad de la empresa Transpesca, dueña del 'Arousa 15', que también fue apresado y acusado del mismo delito en la zona de Svalbard el 5 de julio.
De este modo, el apresamiento de estos dos arrastreros se produjo nueve días después de la captura por parte de las mismas autoridades del 'Arosa 15', al que las autoridades del país nórdico tienen previsto pedir una multa de casi dos millones de euros a Transpesca con la acusación de supuesta pesca ilegal en una zona de 200 millas alrededor de las costas de Svalbard, que Noruega estableció en 1977.
En Noruega se encuentra un inspector del Ministerio de Pesca, que ya había viajado a la zona con motivo del apresamiento del 'Arosa 15'. Por su parte, la Consellería de Pesca recordó desde que se iniciaron estos apresamientos por parte de Noruega que los países tienen que respetar los tratados y las empresas las normas internacionales.
Así, insistió en que, si se demuestra que existe pesca ilegal la capacidad sancionadora corresponde al país donde está abanderado el buque, en este caso España, y que Noruega tendría que denunciar a este país los hechos que considera delictivos, según el Tratado de París de 1920.
