Pesca admite que no está "conforme" con la sentencia pero anuncia que la acatará y dará cumplimiento
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Consellería de Pesca deberá indemnizar con más de 400.000 euros a 34 de los 36 trabajadores de la extinta Axencia Galega do Desenvolvemento do Litoral (Adelga), que fueron despedidos de modo improcedente, según sentencia judicial. Los otros dos empleados serán readmitidos por ser declarados nulos despidos, en un caso, por ser ser sindicalista y en otro al habérsele reconocido el carácter indefinido de su puesto laboral.
Así lo anunció en comparecencia parlamentaria el secretario xeral de Pesca, Miguel López Sieiro, quien admitió que la consellería que dirige Carmen Gallego no está "conforme" con la sentencia pero, no obstante, anunció que la "acatará y se le dará cumplimiento".
López Sieiro aclaró que la Axencia de Desenvolvemento do Litoral se creó como un proyecto comunitario y que, por tanto, dependía de fondos europeos. Por tanto, informó de que estos trabajadores no eran funcionarios, sino personal contratado hasta diciembre de 2006, cuando finalizaba la actividad de este órgano.
Por tanto, aseguró que, tanto los fondos como los contratos tenían "fecha de caducidad" y este fue el motivo de la recesión de los 36 contratos, a pesar de que, según insistió, la Consellería de Pesca hizo "todo lo posible" para "intentar prorrogar el proyecto", ya que consideró "muy positiva" la labor realizada y estaba "muy satisfecho" con su trabajo". No obstante, reiteró que no fue posible su continuidad, al negarse la UE y, por tanto, no contar con un sistema de financiación.
Adelga tenía como objetivo la puesta en valor de los recursos de la pesca y del mar, aunque también se encargó de la ejecución, gestión, evaluación y tramitación de las ayudas derivadas de la crisis del Prestige, lo que, según López Sieiro, fue determinante para que las sentencias judiciales determinase como "improcedentes" 34 de los 36 despidos, los otros dos fueron declarados nulos, por tratarse de un sindicalista, uno, y otro admitirse el carácter indefinido de su condición laboral.
El secretario xeral de Pesca recordó que al ser improcedentes, la recaía en la consellería la decisión de readmitir a los trabajadores o indemnizarlos y se optó por esta última vía, lo que supondrá a las arcas autonómicas más de 400.000 euros.
