Advierte de que dejaría fuera de las ayudas del Fondo Europeo de Pesca a más de 4.000 embarcaciones gallegas de pesca
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo formulará al Ejecutivo estatal su sexto requerimiento de incompetencia en seis meses, en este caso contra el decreto estatal de ordenación del sector pesquero, el cual advierte que dejaría fuera de las ayudas del Fondo Europeo de Pesca a más de 4.000 embarcaciones gallegas.
En la rueda de prensa posterior al Consello, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, señaló que el decreto estatal "invade las competencias" autonómicas e "infringe la Ley Marítima del Estado". Asimismo, alertó de que supone "un castigo económico grave" para 4.200 embarcaciones que faenan en aguas interiores de Galicia. "Continuamos nuestra defensa de la Constitución y del Estatuto de Autonomía", aseveró.
La Xunta cree que el real decreto del 9 de octubre de este año califica "indebidamente" como pesca marítima materias que son propias de la ordenación del sector pesquero, de forma que "vulnera lo dispuesto en la propia Ley de Pesca Marítima del Estado" y también las competencias de la Comunidad gallega en cuanto a desarrollo legislativo y ejecución.
En concreto, el informe de la Asesoría Xurídica Xeral y de la Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias señala que el capítulo IX del decreto, que regula el censo de la flota pesquera operativa, es contrario al sistema de distribución de competencias, ya que corresponde a la Comunidad gallega el desarrollo y ejecución de las bases del Estado.
Así, ve que no se ajustan a derecho los artículos y anexos que establecen los documentos y modelos para el alta provisional en el censo de la flota pesquera operativa de busques de nueva construcción, importación y que proceden de otra lista.
SEXTO REQUERIMIENTO
Este es el sexto requerimiento de incompetencia que promueve el Gobierno de Feijóo desde su toma de posesión el pasado mes de abril, después del relacionado con una orden de subvenciones para realizar actividades para alumnos con necesidades de apoyo escolar, del impulsado por la gestión de residuos de actividades mineras, del presentado contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), del formulado contra la orden que convoca subvenciones para programas que favorezcan la integración de inmigrantes y del impulsado por una resolución para conceder ayudas a entidades y ONG que realicen actividades privadas relacionadas con el patrimonio natural y la biodiversidad.
El primero de estos requerimientos, sobre la orden de subvenciones en materia educativa, fue aceptado por el Gobierno central el pasado 24 de julio, al considerar que es posible mejorar la convocatoria. No obstante, en relación a la gestión de residuos mineros, la Xunta decidió, a mediados de septiembre, recurrir ante el TC el decreto estatal, después de que el Estado no aceptase sus quejas por invasión de competencias.
Sobre el FROB, ambas administraciones han abierto un periodo de negociaciones que, de momento, paralizó la intención del Gobierno gallego de recurrir ante el Alto Tribunal. Además, la semana pasada la Xunta anunció la presentación de un cuarto requerimiento contra la orden que convoca subvenciones para programas que favorezcan la integración de inmigrantes.
A ello hay que añadir el recurso contencioso administrativo que decidió presentar la Xunta contra la resolución del Estudio Estratégico Ambiental del Gobierno central que declara que gran parte de la costa gallega es apta para instalar parques eólicos marinos.
La Xunta creó el pasado mes de agosto una comisión de seguimiento, adscrita a la Dirección Xeral de Relacións Institucionais y Parlamentarias de la Consellería de Presidencia, que se encarga de la revisión de toda la normativa legal que pueda colisionar con las competencias propias de Galicia.
Por otra parte, el Tribunal Constitucional ya emitió una sentencia en la que da la razón a la Xunta y declara nulos 15 artículos del decreto estatal que regula la iniciativa de modernización de destinos turísticos maduros, al entender que la competencia afectada por el texto normativo corresponde a la comunidad. Este recurso había sido interpuesto por el anterior Gobierno bipartito.
