La Xunta tacha de "disparate" la "interpretación" del Gobierno sobre actividades en instalaciones portuarias

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha calificado de "disparate absoluto" la "interpretación" que realiza el Ministerio de Transición Ecológica sobre las instalaciones que se asientan en terrenos portuarios después del informe emitido por Costas del Estado sobre el proyecto de reforma del puerto de Cambados, en el que pone en duda la continuidad de determinadas actividades como depuradoras o una plaza de abastos.

   Quintana, en declaraciones a los medios tras reunirse con representantes de la cadena mar-industria, ha asegurado que este informe supone "un nuevo ataque" al sector por parte del Gobierno central, al que acusa de actuar contra la cadena desde el año 2018, cuando se produjo la llegada del Partido Socialista a La Moncloa.

   La conselleira ha apuntado que el ministerio que dirige Teresa Ribera ha introducido a la cadena mar-industria en una situación de "inseguridad jurídica" por sus intentos de cambios normativos para limitar las actividades permitidas en el litoral.

   "Lo venimos diciendo, todos los pasos van en esa dirección", ha aseverado Quintana, que ha incidido en el último de estos "intentos" se refleja en el informe de Costas sobre la reforma del plan especial del puerto de Tragove, en Cambados, ya que "pone en duda que las depuradoras o una plaza de abastos puedan estar en un espacio de dominio público portuario".

   "Sin haber cambiado la legislación en la Ley de Costas o su reglamento, empiezan a aplicar de una forma totalmente restrictiva esta ley y ese reglamento", ha aseverado la conselleira, que considera "incongruente" que el informe de Costas deniegue la continuidad de las depuradoras pero reconozca que las tuberías que las abastecen pueden continuar en la zona.

   Para la conselleira, autorizar "que las tuberías sigan gastando agua de mar" pero obligar a la industria "a trasladarse 10 o 15 kilómetros" va en contra de objetivos de sostenbilidad, como reducir la "huella hídrica, la de carbono" y otras cuestiones vinculadas a la transición ecológica.

TRIBUNALES

   Como primer paso para atajar esta situación, la Xunta solicitará la articulación de una mesa de diálogo con el Gobierno central para hacerles "entender" la situación en la que se encuentra la cadena mar-industria.

   En todo caso, el Ejecutivo gallego continuará tramitando las solicitudes de la cadena para otorgarles "seguridad jurídica", ya que entienden que están amparados en las competencias que otorga a la Administración autonómica tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía.

   "Abordaremos la resolución de los expedientes acorde a nuestras competencias exclusivas en puertos autonómicos", ha aseverado Quintana, quien ha afirmado que no descartan recurrir a los tribunales para defenderse ante lo que entienden como una "invasión de competencias" por parte del Estado.

   "Los tribunales están ahí para resolver dudas", ha espetado la conselleira, quien ha recordado que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dio recientemente la razón a la Xunta en el conflicto abierto por las órdenes sobre explotación de los bancos marisqueros.