PALMA DE MALLORCA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los abogados defensores de los miembros del clan de 'La Paca' acusados dentro del caso Son Banya consideraron hoy que "han quedado acreditadas las mentiras" de Ignacio Durand, uno de los denunciantes en la causa y supuesta víctima de una retención ilegal de los procesados, aunque fue el letrado Gaspar Oliver quien defendió con mayor contundencia la falta de pruebas en torno a la presunta retención ilegal de 'Nacho', quien en su opinión "denunció los hechos sólo para sacar dinero".
Durante la presentación de los informes finales por parte de la defensa en el juicio y en un discurso que fue de menos a más, Oliver comenzó su intervención aseverando que el "auténtico caballo de batalla" del proceso está girando en torno a las presuntas retenciones de Ignacio Durand y su compañera sentimental Estelvina Caballero respecto a lo cual manifestó tajante que cuando 'Nacho' apareció en el poblado, "no se ha probado que le estuvieran esperando". "Son Banya es un lugar abierto, con gente en la calle, por lo que se encontraron a Ignacio en el poblado", prosiguió.
"Es hablar de un acuerdo de voluntades que carece de pruebas", incidió el abogado en el mismo sentido, agregando que "se intenta adecuar el escrito de acusación a algo que no ha sido objeto de prueba" y considerando que la retención ilegal ha quedado "completamente desdibujada".
En referencia a Durand, recalcó que "es alguien que sabía" que la abogada María de los Ángeles Calderón y el ex inspector de Atracos de la Policía, José Gómez 'Pepote', "son pareja y quiere sacar dinero", por lo que aseveró que "es coautor de un delito de cohecho como la copa de un pino, y debería estar sentado en el banquillo".
"Es alguien también capaz de decir que una persona con demencia senil le insta a que devuelva el dinero porque si no le va a matar", en relación con Francisco Fernández 'El Chirri', además de "alguien que de un incidente menor al descrito mete a todos en la denuncia para que el resto no le pegue", continuó Oliver durante su intervención, remarcando en la misma línea que "se le apareció el dorado y su intención era sacar dinero".
Es por ello que manifestó que "esto huele a denuncia preparada y obedece a un planteamiento conjunto de los tres para que les dejasen en paz, a partir de lo cual surgió la posibilidad económica".
En cuanto a 'El Chirri', aseveró que es "clínicamente imposible" que éste indicase a Durand que devolviese el dinero "porque si no le matarían", al tiempo que consideró que "introducir a un demente en la denuncia es una temeridad manifiesta y denota la personalidad del paraguayo". También hizo referencia a la supuesta implicación de Manuel Santiago Ruíz, sobre quien Durand afirmó que le había lesionado la oreja pero, aseveró Oliver, "en el parte de lesiones permanece intacta".
Por último, respecto al acusado Bruno Gálvez, presunto autor del robo de dinero en el poblado, recordó que ya declaró que subió voluntariamente a la furgoneta cuando fue buscado junto a su novia Nicoletta a Santa Ponça por Juan, Isidro y Carlos Óscar Cortés, "y es lo único que se puede tener en cuenta", al tiempo que manifestó que había más medios de prueba que se podían aportar y que "no se han propuesto".
El fiscal podía haber hecho un esfuerzo probatorio más", incidió al respecto Oliver, quien en referencia a los hechos sucedidos en Santa Ponça recordó que los tres acusados supuestamente implicados "declararon que hubo momentos de tensión, pero en modo alguno se puede hablar de retención ilegal".
En el turno del abogado Jesús Sánchez, defensor de Isidro Cortés 'El Moreno', manifestó que la expresión zulo "lleva a mucha confusión" en cuanto a las características del agujero donde supuestamente fue escondido el dinero sustraído, mientras que en relación al delito de blanqueo de capitales, aseveró que "en ningún momento" se ha hablado de que la cantidad robada era propiedad de Isidro, por lo que "no se puede demostrar que se haya producido blanqueo". A su juicio, no se han probado "en absoluto" los delitos por los que se le acusa a su cliente.
También puso en duda los daños psíquicos y morales a los que hicieron referencia los dos psicólogos que comparecieron en el juicio en relación con Ignacio Durand y que, "sin dudar de la profesionalidad de los peritos, no se corresponden con los informes mucho más objetivos aportados por los hospitales".
En cuanto a Bruno Gálvez y Nicoletta, afirmó que cuando fueron localizados en Santa Ponça por Isidro, Juan y Carlos Óscar Cortés, "no subieron a gusto al vehículo pero tampoco fueron obligados".
INDEMNIZACIÓN "DESPROPORCIONADÍSIMA"
Por su parte, el letrado José Ignacio Herrero, aseveró en los mismos términos que a Durand "no se le puede creer" y se refirió al informe emitido por los psicólogos, respecto al cual manifestó que "no hay que dramatizar" ya que "refleja un cuadro de estrés postraumático que intentan maximizar, y por el que se solicita una desproporcionadísima indemnización, mayor que la que se hubiera pedido si le hubieran matado, que hubiera salido más barato".
"Nadie duda de que algo sucedió, pero no lo que dice 'Nacho'", enfatizó el letrado, quien confió en que no se produzca una sentencia "generalizada, como si fuese un Fuenteovejuna al revés", de modo que pidió la absolución de sus clientes.
De acuerdo a las palabras del letrado Juan Carlos Pedro, defensor de Juan Cortés, se refirió a "mentiras que han quedado acreditadas" durante el juicio, entre ellas que 'La Paca' ordena a Isidro y Juan Cortés ir a buscar a Durand, quien afirmó que "le amenazaron con un bate de béisbol", y esta afirmación "no nos la creemos", incidió Peyró.
"Una vez dice que el bate lo lleva Juan y otra Isidro, y si miente, ¿por qué vamos a creerle?", se preguntó en este sentido, al tiempo que aseveró que "si 'Nacho' hubiera querido, hubiera tenido tutela policial absoluta, pero tenía otros planes".
De esta forma, consideró que sus declaraciones "restan credibilidad a todo", y consideró "dudoso que sufra estrés postraumático".
Apuntó que su defendido no participó en las supuestas retenciones ilegales que se imputan en casa de Estelvina Caballero y en Son Banya, mientras que en relación a los hechos de Santa Ponça, "no sabemos de dónde salen esos datos, e indica sobre este extremo que no hay certeza de lo que ocurrió, por lo que tendríamos que haber escuchado más testimonios", por lo que "no está suficientemente acreditado que hubiese retención ilegal".