Acusado de tener un criadero ilegal de tortugas dice que nunca comerció con especies protegidas

PALMA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El acusado de tener un criadero ilegal con más de 1.000 tortugas en Llucmajor ha asegurado este miércoles que nunca comerció con especies protegidas y que todos los ejemplares que tenía en su poder cumplían con los requisitos preceptivos.

Ha sido en la sesión de este miércoles del juicio que se sigue en la Sección Primera de la Audiencia Provincial contra él y su pareja, acusados de tener en Llucmajor un gran criadero ilegal de tortugas, así como contra el responsable de una tienda de reptiles de Barcelona que actuaría como intermediario en compraventas.

La Fiscalía sostiene acusaciones de delitos contra la fauna, contrabando y blanqueo de capitales y pide que la pareja, de origen alemán, sea condenada a cinco años y medio de prisión cada uno y el tercer acusado a una pena de dos años. También reclama que abonen indemnizaciones que superan los 200.000 euros.

Respondiendo únicamente a su abogada, el acusado ha defendido la legalidad de sus instalaciones, que estaba en trámites de ser considerado núcleo zoológico en el momento de su detención en 2018. Según ha explicado, antes de trasladarse a Mallorca en 2006, tenía todo en orden con las autoridades alemanas en relación a la cría de tortugas.

Igualmente, ha añadido, a su llegada a Mallorca desde el Servicio oficial de inspección vigilancia y regulación del comercio exterior (Soivre) también le trasladaron que todo estaba en regla por lo que pensaba "que todo estaba bien".

Por otra parte, ha explicado que el gasto de la cría de tortugas le supone unos 600 o 700 euros al mes y que sus ingresos provienen de su trabajo en un zoo y del apoyo económico de sus padres.

LOS HECHOS

Según el escrito de acusación, en 2018 la pareja tenía en su finca de Llucmajor un criadero de tortugas acuáticas, terrestres y de bosque, así como galápagos, muchas de ellas de especies protegidas y amenazadas.

En un registro en la finca por parte de agentes del Seprona de la Guardia Civil, se comprobó que los acusados tenían una importante logística destinada a la cría y reproducción de las tortugas. En este y otros registros, señala el escrito, se decomisaron más de 1.000 ejemplares.

La cuantía total de la valoración económica de las tortugas que tenían y de las crías que nacieron de los huevos decomisados asciende a medio millón de euros.

Las compras y ventas de los animales, según el Ministerio Fiscal, las llevaba a cabo el tercer acusado, propietario de una tienda de reptiles en Barcelona. Esta persona, apunta el escrito, facilitaba las compras y ventas a terceros de estas especies protegidas y, en algunas ocasiones, adquirió él mismo tortugas.