PALMA DE MALLORCA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
Luisa Tortella, mujer de un sobrino de la expresidenta del Parlament y del Consell Maria Antònia Munar y exdirectora del Centro de Investigación de Tecnologías Turísticas de Baleares (CITTIB), ha asegurado ante la jueza instructora del caso Voltor que ni el exgerente del Insituto de Estrategia Turística Antoni Oliver ni ella participaron en ningún momento en el amaño de un negociado para que la empresa Humana Cis resultase adjudicataria de forma irregular.
En la declaración que este martes ha prestado como imputada, Tortella ha precisado que Oliver le comentó el proyecto para el que había sido impulsada la convocatoria, si bien no le comunicó que "debía contratar a Humana", una de las empresas investigadas en el marco de esta causa por haber incurrido en prácticas supuestamente irregulares para la obtención de contratos de la Administración pública, y cuyo administrador es Roger Gotarredona, a su vez exmiembro del Consejo Político de UM.
Tal y como ha incidido, "en ningún momento" Oliver le dijo que un un contrato debía ser concedido a una determinada empresa para después "formar el expediente para adecuarlo a la adjudicación", y de hecho ha asegurado que ella nunca le pidió a Gotarredona que le diera el nombre de las otras dos empresas que debían concurrir al negociado a fin de que simular la legalidad del proceso.
El propio Gotarredona ya negó ante la jueza Carmen Abrines haber facilitado al Inestur el nombre de otras empresas suyas para que éstas aportasen presupuestos y presentasen sus proyectos, recordando que en el caso de una de las adjudicaciones investigadas en el caso, la relacionada con la implantación de un sello de calidad IQT en hoteles y otros establecimientos turísticos, ganaron este concurso "con concurrencia pública".
En su interrogatorio, en el que han estado presentes el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán y varios de los abogados personados en la causa, Tortella ha incidido en que desde la gerencia del Inestur se le presentó el proyecto y a partir de ahíse llevó a cabo, "pero a partir de un negociado" y por un importe de 60.000 euros. En su caso, ha recordado que realizaba una función de supervisión, de que la tramitación administrativa fuese la correcta y de firmar las facturas, que pasaba al departamento de contabilidad.
Tal y como ha explicado, cuando se hacía un contrato menor era la asesoría jurídica la que decidía si se tramitaba mediante una adjudicación directa o se invitaba a otras mercantiles, y al respecto ha apuntado que "teníamos muchas empresas que se presentaban para realizar los proyectos". "En ese momento en el Inestur no teníamos un bolsín de empresas, sino que tenían un montón de tarjetas de empresas en función del proyecto que se debía realizar", ha indicado.
"OLIVER O NADAL DECIDÍAN LOS PROYECTOS"
En este sentido, ha subrayado que eran los empresarios los que acudían al Inestur para presentar sus proyectos y dejar su tarjeta, y ha recordado que eran Oliver o el entonces conseller de Turismo Miquel Nadal quienes decidían qué proyectos debían llevarse a cabo. Así las cosas, se comunicaba a la asesoría jurídica, en la que "confiaba plenamente", las tres empresas a las que había que invitar, si bien "antes de eso ya se ha hecho el pliego del proyecto".
