AMPL.- El fiscal defiende que los alcaldes no conocían la finalidad del certificado y que Vidal "les persuadió"

PALMA DE MALLORCA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El fiscal Ladislao Roig defendió hoy, durante la tercera sesión del juicio que se está celebrando por el caso Caballistas, que los alcaldes y ex primeros ediles acusados dentro de la causa por un delito de falsedad documental, no tenían un conocimiento "pleno" de la finalidad de los certificados que firmaron en 2004 a petición del ex alcalde de Ses Salines, Sebastià Vidal, quien presuntamente utilizó estos documentos para avalar la legalización de su vivienda, ubicada en suelo rústico, con la excusa de que se iba a formalizar como sede de una agrupación hípica.

Durante la fase de presentación de conclusiones por las partes, Roig manifestó que estos encausados emitieron "de forma alegre y descuidada" un dictamen "engañado" dejándose llevar por "la confianza y la persuasión" de Vidal, que "abusó de su confianza". "Rubricaron el documento sin la más mínima diligencia, con una ligereza total y absoluta, porque se lo pidió el amigo" - en referencia al ex alcalde de Ses Salines- "y por eso estamos hoy aquí", enfatizó el representante del Ministerio público.

En concreto, en el caso están implicados un total de diez consistorios del PP -Santanyí, Santa Margalida, Lloret, Inca, Sa Pobla, Felanitx, Campos, Llucmajor, Montuïri y Selva, además de Ses Salines-, que certificaron que la Agrupación de Caballistas de Ses Salines había actuado en estos municipios desde 1995, en documentos que se incorporaron al expediente de reclamación de un interés general al Consell de Mallorca para formalizar el inmueble de Vidal como sede de la entidad, cuando en realidad la tramitación iba a servir presuntamente para legalizar su vivienda.

Respecto a la denominación "Agrupación", que Vidal hizo constar en los certificados pese a que la entidad como tal se había constituido oficialmente en 2001 y que instó a poner para acreditar en ellos que ésta venía actuando de forma regular en los municipios, manifestó también que "le hicieron caso sin hacer comprobaciones, y parece que eso bastaba".

Respecto a la actuación concreta de los alcaldes, ex primeros ediles y ex concejales acusados, se refirió en primer lugar a la ex alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, quien en su declaración denunció que Vidal había "abusado" de su confianza, y consideró ésta una "frase fundamental". En cuanto al ex primer edil de Sa Pobla, Antoni Serra, el fiscal vio "evidente" que el encausado "ni se acordase" de que firmó el certificado "porque se fió de sus colaboradores y tampoco sabía lo que suscribía".

En relación al ex alcalde de Santa Margalida, Antonio del Olmo, manifestó que éste emitió el informe sobre la supuesta agrupación ecuestre "con plena conciencia de que iba a dar eficacia a los hechos que estaba firmando", aunque aludió a la "excesiva confianza" que del Olmo depositó en Vidal. Respecto al teniente de alcalde de Inca, Joan Rubert, y el alcalde de Selva y recién elegido presidente del PP de Mallorca, Joan Rotger, manifestó que, al igual que otros de los acusados, no preguntó a Vidal la finalidad del certificado.

Mientras tanto, en cuanto a la declaración del celador de Ses Salines, Sebastián Escalas, quien el 4 de enero de 2005 emitió un informe donde certificaba que en la parcela únicamente había una edificación de más de 26 años, y aseguró en su declaración desconocer que la finca era de Vidal, Roig aseveró que el inspector lleva 66 años viviendo en Ses Salines y, "como si fuese Nueva York, no sabía que el terreno es del alcalde". Tal y como recalcó, ha quedado "más que acreditado que fue persuadido por Vidal para emitir un documento que "en modo alguno se ajusta a la realidad y con el que incurría en un delito de falsedad".

En concreto, en la modificación de sus conclusiones, la Fiscalía ha retirado la petición de pena de cárcel para el ex alcalde de Campos, Andreu Prohens, y el secretario de este municipio, Sebastián Portell, acusados dentro del caso Caballistas, por considerar que no ha quedado acreditado a lo largo del juicio que ambos conocieran de manera directa y fehaciente que no se correspondía con la realidad el contenido del documento que firmaron a instancias del ex alcalde de Ses Salines.