Baleares contará en junio con su primer Fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente oficial

PALMA DE MALLORCA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Balears contará a partir del próximo mes de junio con su primer Fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente, en una iniciativa impulsada por el Gobierno y el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, a raíz de la situación de corrupción generalizada que se detectó en abril en la localidad malagueña de Marbella.

Así lo anunció a Europa Press el fiscal de la Audiencia Provincial balear Adrían Salazar, quien viene encargándose de ese tipo de asuntos desde hace diez años de forma voluntaria, aunque debe compatibilizar esas actuaciones con otras que no guardan relación con este campo (es el fiscal del caso Son Banya, entre otros).

Según Salazar, quien previsiblemente ocupará el nuevo cargo, la Fiscalía de Medio Ambiente tendrá un "desarrollo importante", debido a la sensibilidad hacia este tipo de delitos que ha mostrado Conde-Pumpido, y que él mismo comparte. Así, pasará a encargarse en exclusiva de todos los asuntos relacionados con urbanismo, vertidos ilegales, incendios forestales y patrimonio histórico-artístico.

Para el fiscal, la situación en Baleares "no tiene comparación" con la generada en Marbella; y agregó que los sucesos en el ayuntamiento andaluz han desencadenado una reacción contra el urbanismo ilegal que espera que favorezca cambios de sensibilidad social hacia estos delitos, como ya sucedió antes con las crisis abiertas después de casos como el de la presa de Aznalcóyar (que contaminó el Coto de Doñana) o el petrolero 'Prestige', apuntó.

En una entrevista con Europa Press, Salazar explicó que actualmente abre una media de un centenar de expedientes y diligencias informativas al año por agresiones medioambientales de distinta índole y aseguró que este tipo de delincuencia remite, aunque "vamos un poco despacio", y que la persecución penal es útil por su carácter preventivo, ya que, "cada asunto que se lleva evita otros muchos", afirmó.

Salazar manifestó que el desarrollo urbanístico centra la mayor parte de los delitos medioambientales que se producen en Baleares, que abarcan la ocupación de litoral y de zonas protegidas, la gestión de residuos de demolición y construcción, así como los urbanos (RSU), y los recursos hídricos, capítulo dentro del cual resaltó la sobreexplotación de acuíferos y la contaminación de pozos.

A este respecto, señaló que la gestión de las aguas residuales es un problema creciente, debido a que las estaciones de depuración (EDAR) aún no realizan su trabajo en óptimas condiciones, por lo que se producen problemas de vertidos y de gestión de fangos de depuradora.

En cambio, para Salazar, la situación respecto a los incendios forestales ha mejorado en todo el archipiélago "notablemente" respecto a la primera mitad de la década de los 90, aunque agregó que "aún se puede hacer más" para evitarlos o para perseguir a quienes los provocan.

JUICIOS POR VERTIDOS.

Por otro lado, el fiscal recordó que próximamente se celebrarán varios juicios por vertidos ilegales o vertederos mal gestionados, como el de las canteras de Ses Cadenes (Mallorca), o el de la cantera de Can Set, a los que se vienen a sumar el vertido de residuos hospitalarios de Son Anglada (Palma), recientemente descubierto, y diversas diligencias por vertidos incontrolados a lo largo y ancho de todo el archipiélago.

Según Adrián Salazar, el delincuente medioambiental común de Baleares es un empresario o una persona con recursos económicos, que actúa contra la ley por razones económicas, para ahorrarse problemas de gestión de residuos y aumentar los beneficios. Por lo que consideró prioritario "acabar con la sensación de impunidad", puntualizó.

En cuanto a la incidencia de este tipo de delincuencia por islas, el fiscal aseguró que "Ibiza está bastante peor que Mallorca, porque allí está todo peor regulado", mientras que Menorca es la isla donde la delincuencia medioambiental incide en menor medida, "debido a una mayor sensibilización de la sociedad", apuntó.