La presidenta del Govern, Marga Prohens, y la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera. - CAIB
PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Govern balear ha pedido a la Comisión Europea ayudas para el transporte de mercancías y medidas para garantizar una mayor seguridad energética como maneras de compensar les desventajas "estructurales y permanentes" derivadas de la insularidad.
Lo ha hecho a través de una carta que la presidenta autonómica, Marga Prohens, ha remitido a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera.
La misiva pretende dar continuidad a la reunión que ambas mantuvieron el pasado 14 de octubre en Bruselas en el marco de la Semana Europea de las Regiones, en la que Prohens reclamó la flexibilización de la regla de minimis para compensar los sobrecostes de la insularidad y defendió su suspensión temporal debido a la inestabilidad internacional y el encarecimiento de los hidrocarburos.
En la actualidad, ha recordado el Ejecutivo en un comunicado, la regla europea de minimis limita a 300.000 euros las ayudas que puede recibir una empresa durante un período de tres años.
Para el Govern, que este límite restringe los instrumentos disponibles para compensar los sobrecostes de la insularidad, incluidos los incentivos fiscales del régimen especial de Balears (REB), y dificulta una compensación efectiva de las desventajas estructurales que asumen las empresas insulares.
Esta limitación tiene una "especial incidencia" en sectores como la agricultura y la pesca, que cuentan con unos umbrales sectoriales particularmente reducidos, teniendo en cuenta la intensidad del consumo de combustibles y los costes adicionales de aprovisionamiento y comercialización que soportan.
UN ANÁLISIS Y ALGUNAS PROPUESTAS
La carta remitida a Ribera incluye el documento Análisis normativo y económico sobre insularidad', elaborado por PricewaterhouseCoopers (PwC) por encargo del Govern y que "pone de manifiesto" que la insularidad "genera sobrecostes estructurales y permanentes que afectan a la competitividad" de Baleares.
Entre ellos figuran el mayor coste del transporte marítimo y aéreo de mercancías; la necesidad de mantener mayores niveles de 'stock' de seguridad de materias primas y otros suministros; los sobrecostes de la energía y bienes de equipo, y la menor capacidad de las empresas para alcanzar economías de escala.
El documento identifica diferentes vías de actuación que el Govern considera que deberían ser examinadas en el marco de la revisión europea, una de las cuales hace referencia al transporte de mercancías.
La carta recuerda que el Reglamento General de Exención por Categorías (RGEG) contempla ayudas de carácter social al transporte de residentes en regiones remotas, pero que su alcance se limita al transporte de pasajeros. Por ello, plantea valorar un tratamiento análogo o complementario que permita compensar también adecuadamente los costes logísticos estructurales del transporte de mercancías.
Sobre los costes energéticos, el análisis señala que la condición insular genera una mayor vulnerabilidad ante las perturbaciones de los mercados energéticos debido a la dependencia del abastecimiento exterior, la limitada capacidad de interconexión y la ausencia de alternativas de suministro próximas.
El reciente encarecimiento de los combustibles ha tenido, siempre según el documento, un impacto "especialmente significativo" sobre el sector industrial balear y otras actividades intensivas en energía y combustibles. Por este motivo, el Govern ha solicitado que el futuro marco de exención por categorías permita articular medidas para compensar estos sobrecostes.
A estas cuestiones se suman otras propuestas para que la normativa europea reconozca "de forma efectiva" los costes adicionales que deben asumir las empresas por el hecho de operar desde unas islas con el objetivo de que puedan compensarse "con instrumentos estables y con seguridad jurídica" de modo que las empresas del archipiélago "no partan con desventaja respecto a las del continente".
La intención es que la Comisión Europea tenga en cuenta las conclusiones del análisis encargado por Baleares durante el proceso de revisión del RGEC, así como en otras futuras medidas normativas, tanto económicas como fiscales, de la Unión Europea.
