PALMA DE MALLORCA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
El exconseller de Turismo Francesc Buils y el exasesor jurídico del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Miquel Àngel Bonet, han defendido durante su declaración como imputados ante el juez instructor del caso Ibatur la legalidad del convenio rubricado en 2008 entre el consorcio público IB-Blau y la asociación Bitácora para el fomento del turismo náutico sostenible, si bien las pesquisas apuntan a un presunto desvío de fondos públicos a raíz de la firma de este documento.
Ambos han comparecido, durante más de dos horas cada uno, ante el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 2 y el fiscal Miguel Ángel Subirán en el marco de estas investigaciones, que se centran en las supuestas irregularidades cometidas en torno a este convenio, por el que el consorcio dependiente de la Conselleria de Turismo se comprometía a abonar cada año 850.000 euros, una actuación que por lo elevado de la cantidad y según los investigadores debería haberse articulado mediante un contrato de servicios, de acuerdo a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Durante su declaración, Buils, asistido por los letrados Matías Barón y Mateo Sedano, ha defendido sin embargo la figura y la tramitación del convenio como forma de materializar esta actuación y ha negado cualquier tipo de irregularidad mientras se le iban exhibiendo numerosas facturas relacionadas con estos hechos. Por su parte, Bonet, defendido por Gaspar Oliver, también ha apelado a la legalidad del convenio, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.
Sin embargo, la declaración del exasesor jurídico del Ibatur y también exgerente de IB-Blau, quien ya había sido imputado en el marco de esta compleja causa que afecta tanto a PP como a UM, ha sido suspendida por falta de documentación, mientras que también ha sido aplazada la de la exresponsable de Bitácora y actual presidenta de la Asociación Balear de Agencias de Viajes (Aviba), Sylvia Riera, quien había sido citada para este viernes y ha abandonado las dependencias judiciales tras ser suspendida su deposición.
En su interrogatorio, Bonet ha aseverado que Bitácora llegó a reclamar una indemnización después de que el predecesor de Buils como conseller de Turismo, Miquel Nadal, decidiese paralizar el convenio y fueran anulados los pagos a pesar de que los trabajos para la promoción del turismo náutico sostenible se habían llevado a cabo.
Una actividad que, cabe recordar, fue promocionada entonces como una forma de diversificar la oferta de Baleares y de combatir la desestacionalización. De hecho, durante una presentación llevada a cabo en Fitur, Bonet, Riera y el entonces director general de Promoción Turística, Joan Sastre, todos ellos imputados en la actualidad por estos hechos, destacaron las posibilidades de este tipo de turismo como modo de atraer un mayor número de turistas.
Cabe recordar que Bonet fue uno de los primeros detenidos en el marco del caso Ibatur a raíz de su implicación en contrataciones que habrían sido llevadas a cabo de forma irregular a través de la empresa pública, mediante la cual presuntamente se desviaron millones de euros de fondos públicos durante la última legislatura de Jaume Matas (PP). No obstante, la última fase policial de la causa -llevada a cabo el pasado mes de junio- se saldó con la detención de Nadal y Sastre, por lo que el cerco se ampliaba a la etapa de UM en el Govern de Francesc Antich (PSIB).
El caso Ibatur estalló en febrero de 2009 con el arresto de Bonet, quien no sólo reconoció entonces haber defraudado a las arcas públicas 20.000 euros mediante contratos irregulares entre 2006 y 2007 a una familiar nonagenaria, motivo por el cual fue detenido, sino que confesó además haber hecho lo mismo en seis ocasiones más con otros tres o cuatro familiares haciéndolos pasar por proveedores y malversando hasta un total de 85.000 euros, la misma cantidad que le fue impuesta como caución para evitar su ingreso en prisión.