La izquierda reclama medidas al Govern para no "dejar tirados" a los inquilinos y el PP reivindica las deducciones -. Fi

PALMA, 29 (EUROPA PRESS)

   Los partidos de la oposición en el Parlament han pedido al Govern que actúe para no "dejar tirados" a los inquilinos, tras la no convalidación del decreto de las prórrogas de los alquileres, mientras que el PP ha puesto en valor las deducciones fiscales planteadas a nivel autonómico.

   Los portavoces de los partidos se han posicionado, en las sucesivas ruedas de prensa tras la Junta de Portavoces, sobre la votación en el Congreso de este martes que supuso el decaimiento de la medida.

   El representante del PSIB Marc Pons ha calculado que esta medida podría afectar en Baleares a unas 40.000 familias y acusado al PP de "no apoyarlas" para dejarlas en manos de "grandes tenedores, bancos y fondos buitre".

   Por eso ha pedido que les dé una "respuesta" para que sus alquileres no pasen de 800 a 1.500 euros mensuales, lo que, a su juicio, demuestra una "falta de sensibilidad y humanidad evidentes".

   El parlamentario ha señalado que ahora es cuando se debe aplicar la limitación de precios que permite la ley estatal de vivienda, para "dar cobertura" a los inquilinos ante una problemática que ha considerado que es "evitable".

   En la misma línea ha ido el diputado de Més per Menorca Josep Castells, quien ha responsabilizado también a Vox, Junts y el PNV por no votar a favor del decreto.

   Así, ha incidido en que hay "miles de familias" pendientes de que "les echen de su casa" por una subida "brutal" de los alquileres, lo que constituye una situación de "emergencia social".

   De este modo, ha calificado como "muy triste" que no apoyaran el decreto que lo que proponía era un "pequeño sacrificio" a los propietarios para que cobraran "lo mismo" que han cobrado estos años atrás, durante dos años más.

   Castells ha resaltado que ahora hay familias con una "espada de Damocles" encima, por decisión que no proponía "ninguna expropiación, ni una medida exagerada". Por estos motivos, ha pedido al Govern que dé un "respiro" a estas personas con la aplicación de la ley de vivienda, ya que ha pronosticado que el precio de no hacerlo será que "centenares de miles de familias se queden en la calle".

   Por parte del PP, su portavoz en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha replicado que estas son "medidas populistas", que tratan de trasladar el problema de la vivienda "a las espaldas de los propietarios" después de haber "empeorado" durante estas legislaturas gobernadas por la izquierda.

   Así, ha reivindicado que los propietarios han sustituido la "función social" del Govern, tras las legislaturas del Pacte en las que aumentaron los precios de venta y alquiler en Baleares "como en ninguna comunidad autónoma".

   "Desde el PP siempre se ha visto a los propietarios como parte de la solución y, en lugar de enfrentarlos a los inquilinos, se presentan medidas en positivo como las deducciones a los propietarios que, al acabar el contrato, no suban el precio", ha señalado.

   El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha lamentado "profundamente" el resultado de la votación en el Congreso, por haber dejado "desprotegidos a decenas de miles de ciudadanos de Baleares.

   Por eso ha reclamado en el Govern que "tome las medidas necesarias" para que a estas personas a las que se les subirá el precio del alquiler en base al precio mercado "no queden en la calle". "Los precios se pueden actualizar de 700 a 1.200 euros, un incremento inasumible para la mayoría de familias", ha concretado.

 EN VOX "NO ESTUVIERON PENDIENTES" DE LA VOTACIÓN DEL DECRETO

   Por su parte, la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha reconocido que este martes "no estuvo pendiente" de la votación en el Congreso, que no convalidó el decreto-ley que permitía la prórroga de contratos de alquiler.

   Al mismo tiempo, ha admitido que "no sabía" lo que se había tumbado, ya que "no se había leído" la propuesta concreta. Por el contrario, ha planteado que las iniciativas de Vox pasan por "no dar ayudas" o que se den "ayudas puntuales a los nacionales" y liberalizar la mayor superficie de suelo posible, puesto que, a su modo de ver, lo que se necesitaría es "construir".

   "Libera, construye y deja de dar ayudas, que se está creando un país de subvencionados y de gente que vive de unas pagas que no se crea personas autónomas o que se valgan por sí mismas con su sueldo", ha aseverado.

   Por otro lado, ha subrayado que los propietarios "no son onegés" y tienen un alquiler "para ganar dinero", por lo que ha defendido que "no se obligue a los propietarios a asumir los fracasos políticos".

   Cañadas se ha escudado en la ley de la oferta y la demanda para vaticinar la bajada de los alquileres si se construye más vivienda pero al ser consultada por la época de la burbuja inmobiliaria, cuando los precios de la vivienda se incrementaron pese a un mayor volumen construcción, ha alegado que, por entonces, "todo el mundo se pudo comprar una vivienda" y "no recuerda" estos precios de alquiler. "Todo el mundo tenía acceso a una vivienda, no como ahora que se construye vivienda de lujo y nadie tiene acceso", ha apuntado.

QUEJAS DEL PSIB POR "OCULTACIÓN DE INFORMACIÓN"

   Otro de los elementos que ha tratado Pons es que el PSIB ha presentado dos escritos de queja a la Mesa del Parlament y a la Junta de Portavoces en referencia a la actitud del Govern en cuanto a lo relativo con la transparencia.

   Así, ha incidido en que el Govern "obligado" a remitir cieta documentación pero, a su manera de ver, de forma "deliberada" opta por la "ocultación de información" y la "no remisión" a los grupos de la oposición.

   La primera queja es por la respuesta que el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, sobre la información solicitada por el diputado Carles Bona con relación a un expediente de autorización del San Pablo-CEU. El diputado ha acusado al Govern de "negarse" a facilitarlo, a pesar de que debe dar la documentación en el plazo de un mes a partir de la petición.

   También se ha presentado queja formal a la negativa de la vicepresidenta segunda, Antònia Estarellas, sobre el informe de la Comisión de Ética relacionado con la presunta incompatibilidad del conseller del Mar y del Ciclo del Agua, José Manuel Lafuente, y el cumplimiento de la Ley de Buen Gobierno. Un informe que fue debatido y valorado el mes de febrero pero que "todavía no se ha hecho público".

   Ante estas situaciones, ha planteado si el PP tiene "alguna intención" cuando "oculta toda esta documentación" y ha advertido que el PSIB empieza a tener "sospechas" de que la acción de gobierno quiere "proteger malas actuaciones que no se corresponden con el Código Ético".

    Por otro lado, el portavoz adjunto del PSIB también ha criticado que el "odio" y el "racismo" de Vox provoca situaciones que son incluso "contradictorias" con aquello que pretendían con la aprobación de determinadas medidas. En concreto, ha puesto el ejemplo de la decisión del Consell de Mallorca de condicionar las ayudas sociales a tener cinco años de residencia continuada en la isla.

   Una idea que ha considerado que ha sido "impuesta" por Vox y ha afirmado que, de acuerdo con los criterios aprobados, una persona de Marruecos o de Sudamérica que lleve más de cinco años viviendo en Mallorca, "tendrá derecho en una ayuda social pero, en cambio, una persona que haya venido de Andalucía, Murcia o Extremadura, que solo lleve dos años viviendo en Mallorca, no la tendrá".

   De este modo, ha apuntado que lo mismo puede suceder con una persona de Mallorca que se haya ido a estudiar a Cataluña y no pueda acreditar cinco años continuados de residencia en Mallorca o un residente de Menorca o Eivissa que se traslade a Mallorca a vivir.