Un centenar de organizaciones y movimientos vecinales exigen el cierre de la granja avícola denunciada en Llucmajor

PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La asociación Stop Ganadería Industrial, que aglutina a 90 movimientos vecinales y ocho organizaciones de carácter nacional e internacional, ha solicitado el cierre de la granja avícola de Llucmajor denunciada ante la Fiscalía por delitos de maltrato animal.

En un comunicado, la entidad ha mostrado su preocupación por el hecho de que las inspecciones realizadas el año pasado --confirmadas por el Govern-- no detectaran las supuestas irregularidades grabadas y difundidas esta semana por las organizaciones Satya Animal y Arde.

Desde Stop Ganadería Industrial tampoco han encontrado explicación al hecho de que la explotación siga operando después de que el año pasado fuera sancionada administrativamente con 150.000 euros por no disponer de la autorización ambiental requerida.

A su juicio, eso demuestra que la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural "conoce lo conflictiva que es esta instalación", dado que sus inspectores ya detectaron varios incumplimientos graves.

"Las quejas y manifestaciones del vecindario han sido continuas, dando muestra de lo insoportable de la situación para ellos y sin que se les proporcionara ninguna solución. Durante un tiempo largo la Consellería no parece haber oído las demandas de los ciudadanos cercanos y al mal funcionamiento de una instalación que según los vecinos debería haberse clausurado a consecuencia de las molestias y problemas de salud que produce a la población", ha apuntado la asociación.

EL MOTIVO POR EL QUE SE PERMITEN ESTAS PRÁCTICAS

Stop Ganadería Industrial también se ha preguntado "cuál es el verdadero motivo por el que se permiten este tipo de prácticas en la ganadería industrial y cómo empresas de tal cariz pueden seguir proporcionando beneficios a sus dueños y malestar permanente a los ciudadanos" pese a tener un "funcionamiento más que dudoso".

Las entidades también han puesto el foco en el hecho de que las reservas de agua de las que dispone Mallorca están "tremendamente tensionadas", algo que los excrementos de las gallinas, altamente contaminantes, no ayudan a paliar.

Por todo ello, han solicitado por registro electrónico al Govern que adopte medidas cautelares, cierre la instalación y prohíba la comercialización de sus productos hasta en tanto no se efectúen todas las comprobaciones necesarias.

También que se aumente la frecuencia y profundidad de las inspecciones que se efectúan a este tipo de instalaciones y que se adopten las medidas pertinentes para que todas las instalaciones actualmente existentes se adapten de manera progresiva al conocido como decreto de macrogranjas.