Cerca de 200 personas pertenecientes al Tercer Sector Social se concentran para denunciar su "crítica" situación

PALMA DE MALLORCA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 200 personas pertenecientes al Tercer Sector Social -personas con discapacidad y personas en riesgo de exclusión social- se han concentrado este martes ante las puertas del Parlament para expresar la "crítica" situación por la que pasan las 90 entidades no lucrativas que prestan servicios a diario a estas personas.

En declaraciones a la prensa, el coportavoz del Tercer Sector, Jordi López, ha asegurado que se trata de una concentración que busca mostrar la "preocupación" que tienen estas personas ante la deuda y los recortes existentes sobre la atención de los colectivos más vulnerables, tanto las personas con discapacidad y las personas en riesgo de exclusión social.

Una deuda -conjunta entre las administraciones públicas de Baleares- que cifran en 24 millones de euros, que puede dejar sin servicio a las más de 60.000 personas de este sector en el archipiélago.

En este sentido, López ha expresado su conformidad con que se aplique austeridad en los presupuestos de la Comunidad, aunque ha matizado que ésta "debe ser prioritaria" en cuanto a la atención a estas personas que más lo necesitan.

Asimismo, ha remarcado que esta movilización era "constructiva", al entender que "no queremos crear conflictos ni problemas partidistas", al entender que quieren sentarse con la Administración para que se puedan agilizar soluciones "rápidas" para mejorar la situación de estas entidades que aún deben dinero tanto a los trabajadores de las mismas, a la Seguridad Social y a los proveedores.

De esta forma, ha recordado que llevan desde el pasado mes de julio negociando "de forma discreta", aunque ha asegurado que en función de los presupuestos autonómicos -que están siendo presentados en la Cámara Autonómica-, y sus partidas para esta materia se tomarán una serie de decisiones, en la línea de seguir manifestándose hasta conseguir un acuerdo satisfactorio para este sector social.

Por ello, piden que las administraciones públicas inicien "de forma inmediata" el pago del 50% de la deuda acumulada con las entidades sociales, y que se comprometan a un calendario de pagos del 50 por ciento restante. Asimismo, exigen que las administraciones públicas y entidades sociales trabajen de forma "conjunta" para dar estabilidad a la atención a estos colectivos "tan vulnerables", así como que se aclaren las "incertidumbres" que rodean el futuro de este sector.