PALMA DE MALLORCA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
La teniente de alcalde de Función Pública y Gobierno Interior, Irene San Gil, ha presentado a los representantes de las seis secciones sindicales en el Ayuntamiento de Palma un paquete de medidas para los próximos dos años encaminadas a reducir el gasto público en materia de personal, lo que podría suponer un ahorro de unos diez millones de euros, a razón de cinco millones por año.
Este encuentro con los sindicatos se produce inmediatamente después de que el alcalde de Palma, Mateo Isern, se reuniera con los representantes de los trabajadores municipales y les pidiera implicación para hacer frente a la situación de especial dificultad económica por la cual atraviesa el Ayuntamiento de Palma.
Estas medidas supondrán, a corto plazo, disminuir el número de efectivos de plantilla, reducir el gasto en materia no directamente relacionada con las retribuciones de carácter periódico y obligatorio y, especialmente, disminuir la realización de servicios extraordinarios. "Todo ello sin disminuir el nivel de prestación de los servicios públicos esenciales", han asegurado.
San Gil ha matizado que estas medidas no están cerradas, por lo que ha dejado la puerta abierta al diálogo con los sindicatos. Así, la edil les ha emplazado a una nueva reunión, prevista para el próximo viernes, en la que podrán formular sus propuestas sobre este pliego de medidas, que deberá estar listo a principios de la semana próxima.
Cabe señalar que la aplicación de este nuevo modelo de racionalización de los recursos humanos en el Ayuntamiento se prolongará durante dos años, lo que obligará a suspender provisionalmente el Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo (ARCT) del personal funcionario, eventual y de los órganos directivos aprobado por la Junta de Gobierno de 2 de junio de 2010.
Para ello, el Ayuntamiento se acoge al estatuto básico del empleado público que establece que "se garantiza el cumplimiento de los pactos y acuerdos, salvo que excepcionalmente y por una causa de grave interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las administraciones públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de pactos y acuerdos ya firmados".
Entre las diferentes medidas planteadas a los sindicatos destacan la amortización de plazas correspondientes a puestos de trabajo que queden vacantes por jubilación, defunción o excedencia voluntaria; la reducción de personal interino en plazas vacantes; la suspensión de la convocatoria de bolsines de interinos y la reducción de horas extraordinarias que pasarían a compensarse con días libres.
