PALMA DE MALLORCA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Palma ha garantizado este miércoles que tendrá en cuenta el impacto económico para los ciudadanos a la hora de adaptar una decisión sobre el futuro del edificio de Gesa, después de que se haya anulado el acuerdo por el que se declaró como Bien Catalogado.
El portavoz del equipo de Gobierno, Julio Martínez, ha explicado que la Junta de Gobierno ha aprobado una modificación de la fase I del proyecto de reurbanización del sector Llevant de la Fachada Marítima, la zona alrededor del edificio de Gesa y el Palacio de Congresos.
No obstante, se trata de una aprobación formal de una decisión de la pasada legislatura que supondrá, según el 'popular', un incremento sobre el coste inicial del 64%, pasando de 7,4 millones iniciales además 12 millones.
Este desvío será, por tanto, de 4,7 millones de euros, resultantes, entre otras cosas, de las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana que aprobó el anterior equipo de gobierno y de modificaciones que incidían en el proyecto de urbanización del Palacio de Congresos.
Este sobrecoste, según ha reiterado, será pagado por los propietarios de terrenos que deben asumir las cuotas de urbanización, entre ellos el Ayuntamiento de Palma, que al principio sólo tenía que pagar el 15%, pero que ahora, a consecuencia de un acuerdo de la anterior alcaldesa, Aina Calvo, con Mapfre deberá pagar el 30%.
Martínez ha reiterado que Cort "está tratando de poner orden" en el proyecto heredado de reurbanización de la Fachada Marítima, "un ejemplo claro de inseguridad jurídica", así como económica puesto que, según ha opinado, los ciudadanos todavía no conocen cuál es el coste final que deberá que asumir el Ayuntamiento de Palma. "Tenemos el riesgo de tener que pagar 100 millones de euros", ha explicado Martínez.
Martínez ha indicado que actualmente hay más de diez contenciosos que se derivan de políticas que crean inseguridad jurídica. "Para crear puestos de trabajo es importantísimo que en Palma haya seguridad jurídica: los empresarios cuando invierten deben saber que no se les cambiarán las reglas del juego una vez ha comenzado el partido".
TRIBUTOS MUNICIPALES
Por otra parte, la Junta de Gobierno ha aprobado los padrones de los tributos municipales que se tendrán que pagar a partir del próximo 1 de marzo, el impuesto de vehículos y la tasa por servicios relativos a los residuos sólidos urbanos (Tirsu).
Concretamente, el importe del impuesto de vehículos no ha subido y la tasa por servicios relativos a los residuos sólidos urbanos se ha ajustado al IPC, el 3%.
La tasa por servicios relativos a los residuos sólidos urbanos será de 122,59 euros por vivienda en 2012. El número de inmuebles que deben pagar esta tasa y hasta ahora no la pagaban aumenta un 6,6%, que se deriva del trabajo realizado por el servicio de inspección tributaria.
A consecuencia de la crisis, Martínez ha indicado que se han incrementado un 50% las solicitudes de fraccionamiento y un 20% las de reducción de cuota por bajos ingresos.
Los datos del padrón reflejan que ha mermado el número de vehículos en Palma, que pasan de 268.659 el año pasado en 264.233 el año 2012. Sin embargo, han aumentado los vehículos pequeños un 1%, mientras baja el número de vehículos de alta gama un 2,45%.
Por otro lado, la Junta de Gobierno ha acordado ampliar el periodo de información pública para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Asimismo, en la web del Ayuntamiento se pondrá un enlace a disposición de los ciudadanos para que puedan hacer todas las observaciones, aportaciones y sugerencias que consideren oportunas.
Además, se ha acordado modificar los horarios de personal de las bibliotecas, de manera que las bibliotecas de zona, estarán abiertas de 08.30 a 20.30 horas de lunes a viernes y de 09.00 a 13.00 horas los sábados.
La Junta de Gobierno ha aprobado también la ejecución de dotación de alumbrado en un tramo del Camino de los Reyes entre el hospital de Son Espases y el Secar de la Real, el proyecto de urbanización en las calles Metge Claverol, Pla y Embat, el camino de Son Binissalom y la travesía vecinal de Sant Jordi; así como la conclusión de los expedientes expropiatorios en el Camp Redó.