PALMA DE MALLORCA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
El CSIF ha mostrado su "sorpresa e indignación" ante la suspensión de tres funcionarios de la Policía Local implicados en una supuesta agresión a un detenido en los calabozos antes de que se abra ninguna imputación penal", produciéndose, a su juicio, una situación "extraña", ya que en la actualidad, en este Cuerpo hay varios funcionarios que tienen imputaciones vigentes en los diferentes Juzgados "y no se ha tomado ninguna medida de pérdida de funciones".
En un comunicado, el CSIF ha valorado así la información publicada este jueves por el 'Última Hora', que revela que dos agentes de la Policía Local de Palma y un oficial del Cuerpo han sido suspendidos de empleo y sueldo, porque supuestamente, propinaron una paliza a un detenido en la zona de calabozos, que fue grabada por la cámara de seguridad del cuartel.
Para este sindicato, esta suspensión parece una "clara maniobra política, por parte del intendente jefe de la Policía Local, Nicolás Herrero, para desacreditar al Grupo de Acción preventiva (GAP), con la que cuenta el Ayuntamiento para hacer frente a las deficiencias de seguridad ciudadana heredadas del antiguo Consistorio".
El CSIF ha indicado que los hechos se remontan a 26 de mayo, cuando los funcionarios informaron a sus mandos de lo que había sucedido.
Así, ha explicado que desde ese mismo día, el asunto "deambuló" por la Jefatura de la Policía y tuvo conocimiento el intendente Nicolás Herrero, que "no tomó ninguna decisión, ya que se iba de vacaciones, junto con el antiguo regidor de seguridad ciudadana, Antonio Donaire, y la directora de área, Pepa Peláez.
"Vacaciones que tomaron todos a la vez dejando a toda la Policía de Palma sin un director de orquesta, ha censurado, al tiempo que ha criticado que "el jefe accidental, el comisario Mut, tampoco tomó ninguna decisión al considerar que las debían haber adoptado los antes mencionados".
Por otro lado, el CSIF ha asegurado que, una vez jurado el cargo los representantes del Consistorio municipal, el intendente jefe, Nicolás Herrero, trasladó el 13 de junio el asunto, coincidiendo con el primer día de trabajo del regidor de seguridad ciudadana, Guillermo Navarro, quien "mostró su indignación, ya que el asunto lo debía haber resuelto el antiguo regidor de Seguridad Ciudadana".
