Cuatro detenidos por estafar 370.000 euros haciendo creer que podían anular multas urbanísticas del Consell

PALMA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a cuatro personas por presuntamente estafar más de 370.000 euros haciendo creer que podían anular sanciones impuestas por la Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca (ADT).

Según ha informado la Policía este miércoles en una nota de prensa, los presuntos autores aseguraban tener contactos en la ADT que les permitían anular multas impuestas por infracciones urbanísticas en fincas de la isla. Hasta la fecha se ha determinado que los presuntos autores de la trama delictiva habrían estafado más de 370.000 euros.

La investigación se inició tras una denuncia que interpuso una de las víctimas, que tenía una multa por una infracción urbanística, y que a través de unos conocidos se puso en contacto con uno de los presuntos autores de la trama.

Éste, ejercía de captador y recaudador, de modo que entregaba el dinero a otro de los detenidos que supuestamente gestionaba el asunto con el contacto que aseguraba tener en la ADT.

La Policía ha explicado que otro de los detenidos llevó a cabo algunas gestiones de trámite ante la administración para aparentar ante las víctimas que estaban intentando anular la sanción. Si bien, al analizar las gestiones que realizó esta persona, se comprobó que era más un gesto de cara a la galería que un intento de anular las multas. Además, las sanciones de la ADT eran firmes y no se podían recurrir.

El cuarto detenido habría usado una cuenta bancaria a nombre de una empresa suya para captar el dinero de una de las víctimas.

Con todo, el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos ha concluido que los detenidos se habrían aprovechado de la situación límite, tanto económica como mental, a la que estaban sometidas las víctimas para convencerlas para que realizasen los pagos que estos le solicitaban.

Algunas de las sanciones impuestas por la ADT alcanzaba, además del derribo total de las obras realizadas, el pago de una multa de más de 500.000 euros.

Durante la tramitación de los expedientes, las víctimas se desentendieron del asunto ya que los presuntos autores les aseguraban que no se preocupasen que iban a poder anular las sanciones. Así, se han visto perjudicadas por intereses de demora, así como, en algunos casos, a embargos por no haber hecho frente a los pagos de las sanciones.