PALMA DE MALLORCA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
Un total de cuatro juzgados de Palma de Mallorca instruyen en estos momentos diligencias relacionadas con los registros efectuados durante todo el día de hoy por agentes de la Agencia Tributaria y de la Policía Nacional en un despacho de abogados de la capital balear, una notaría y una sucursal bancaria, entre otros inmuebles, relacionados todos ellos con supuestos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Según informaron a Europa Press fuentes judiciales, son los Juzgados de Instrucción número 1, 11, 12 y 7 los que en estos momentos instruyen diligencias relacionadas con los registros, siendo el Juzgado de Instrucción número 7 el que tramita el grueso de la operación. La mismas fuentes judiciales aseguraron que, a pesar de que el Juzgado de Instrucción número 12 es el que actualmente tiene abiertas las diligencias previas sobre la operación 'Voramar', ambos casos no están relacionados.
Tras varios meses de investigación por parte de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional, se ha procedido hoy al registro del despacho de abogados Feliu. S.A. y la notaría Herrán y Delgado Notarios, situadas en las calles Passeig Mallorca y Unió, respectivamente. Asimismo, durante el mediodía se procedió al registro de una sucursal bancaria.
La Policía ha desplegado un importante dispositivo para requisar abundante documentación que ha ido trasladando a lo largo de toda la mañana y tarde hasta los furgones policiales que apeados frente a los despachos. Al lugar también se han desplazado el grupo especial de delitos económicos e inspectores de la Agencia Tributaria, un secretario general y el delegado especial de la Agencia Tributaria en Baleares, Raúl Burillo.
Se da la circunstancia de que la notaría Herrán y Delgado está dirigida por los abogados Alberto Ramón Herrán y Álvaro Delgado Truyols, éste último hermano del actual alcalde de Calviá, el 'popular' Carlos Delgado. Los agentes han obligado al personal a abandonar las oficinas y han prohibido la entrada a los clientes, mientras que el banco ha permanecido cerrado durante todo el registro.
Fuentes judiciales han indicado que el Bufete Feliu está siendo intervenido por una presunta venta irregular de solares en Cala Llamp, en el municipio mallorquín de Andratx, aunque las mismas fuentes descartaron la relación con la operación 'Voramar'.
REGISTROS Y DETENCIONES
Según informó la Fiscalía especial para la represión de delitos económicos relacionados con la corrupción, en el transcurso de la operación se prevé la detención de 11 personas relacionadas con los despachos, mientras que se registrarán un total de 12 inmuebles, nueve de ellos con sede en Palma y los otros dos con sede en Madrid.
En este sentido, la Fiscalía ha expedido mandamientos dirigidos a 26 entidades bancarias para el bloqueo de saldos y cuentas, fondos de inversión, imposiciones a plazo fijo e inversiones en Deuda Pública, así como acciones, participaciones y otros títulos y valores. Asimismo, también se notificaron mandamientos a los Registros de la Propiedad y Mercantiles para la intervención de bienes inmuebles.
Según la Fiscalía, el origen de la operación se produjo tras la detección por parte de la Agencia Tributaria de estructuras fiduciarias creadas por el despacho de abogados investigados, con la connivencia de despachos profesionales que operan en el paraíso fiscal de Panamá, destinadas a ocultar a los titulares reales de diversas actividades y patrimonios, con la presunta finalidad de defraudación fiscal y blanqueo de capitales.
El bufete se halla relacionado con 816 sociedades que tienen unos activos declarados por un valor de 307 millones de euros. De estas 816 sociedades, 252 son no residentes y 161 aparecen domiciliadas en paraísos fiscales. Por el momento, la Agencia Tributaria no ha podido averiguar la identidad de los clientes del despacho titulares del capital de 88 de las sociedades residentes en España, a nombre de los cuales figuran bienes por un importe de 141 millones de euros.
En el periodo 1997-2006, el despacho ha canalizado fondos procedentes del exterior por un importe de 482 millones de euros, de los que un mínimo de 17,1 millones de euros tuvieron como origen o destino, directamente, territorios calificados legalmente como paraísos fiscales.
Por otra parte, la entidad de crédito registrada ha concedido créditos hipotecarios por un importe de 5,3 millones de euros a cuatro sociedades de accionistas desconocidos que acumulan pérdidas de manera sistemática. La autoridad judicial ha ordenado el bloqueo de los saldos de las cuentas bancarias utilizadas por el despacho y d las sociedades partícipes desconocidos, así como la prohibición de disponer de los inmuebles que figuran a nombre de tales sociedades.
En la operación, en la que han participado más de 30 funcionarios de la Agencia Tributaria, continúa desarrollándose, sin que se descarten nuevas acciones en el futuro, fruto del análisis de la documentación incautada.
