La directora de la EBAP dará cuenta en el Parlament de las "irregularidades" denunciadas por aspirantes a policía local

PALMA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora gerente de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), Maria Violeta Rodríguez, deberá comparecer en el Parlament para dar cuenta de las "graves irregularidades" denunciadas por los aspirantes a policía local en el proceso unificado que se está celebrando en la actualidad.

Así lo han acordado todos los grupos parlamentarios, a instancias del PSIB, en la reunión de la Comisión parlamentaria de Asuntos Institucionales y Generales celebrada este miércoles.

También estaba previsto que se votara la solicitud de comparecencia del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, para explicar los motivos por los cuales Ibiza no ha sido declarada como zona gravemente afectada por fenómenos meteorológicos, pero finalmente ha caído del orden del día.

Rodríguez, preguntado al respecto en una rueda de prensa celebrada esta mañana, ya había adelantado que no acudiría a la comparecencia en el caso de que se aprobara, tal y como ha hecho en anteriores ocasiones.

El delegado del Gobierno ha argumentado que ya ha comparecido en la Comisión Mixta sobre Insularidad del Senado y el Congreso, que es el foro en el que ha considerado que debe hacerlo.

JUZGADOS DE PAZ

El Parlament, con el voto a favor de todos los grupos políticos, ha reclamado al Gobierno que se preserven las funciones de los Juzgados de Paz en Baleares ante la implementación de la conocida como ley de eficiencia de la Justicia.

Es, en líneas generales, la principal petición que consta en la proposición no de ley (PNL) que la diputada 'popular' Ana Isabel Curtó ha defendido este miércoles EN la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales.

La iniciativa insta al Gobierno a reconsiderar el citado texto legislativo a fin de garantizar la proximidad y eficiencia de los servicios del Registro Civil y de la celebración de matrimonios civiles a través de las oficinas municipales de Justicia, y posibilitar así que estas continúen siendo ejercidas por jueces de paz.

La Cámara autonómica también ha solicitado que se dote a estos organismos de los recursos humanos y materiales necesarios, impulsar un plan de formación para jueces de paz y digitalizar el Registro Civil histórico desde 1871.