EAPN Baleares reclama una reforma fiscal "verdaderamente redistributiva" para revertir las tasas de pobreza

PALMA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

EAPN Baleares ha lamentado que ni el crecimiento económico ni los buenos datos de ocupación estén siendo suficientes para revertir la tasa de pobreza y exclusión social en el archipiélago y ha reclamado una reforma fiscal "verdaderamente justa y redistributiva".

El porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa Arope) se situó en el 15,2% en 2025 en Baleares, un punto menos que el 16,2% del año anterior, según la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según ha indicado EAPN en un comunicado, la cifra supone que unas 190.000 personas de las Islas se encuentran en esta situación pese a las mejoras en los niveles de renta en unos 800 euros anuales por persona.

"Ni el crecimiento económico ni la mejora de los datos de ocupación son suficientes", ha subrayado la entidad. Por ejemplo, mientras el PIB de la región ha crecido un 33% en los últimos cinco años, la disminución del número de personas en riesgo de exclusión social solo ha sido de cinco puntos en el mismo periodo.

Eso, sumado al hecho de que la desigualdad "no ha experimentado ninguna mejora", pone de relieve la necesidad de "retornar al trabajo su factor inclusivo y de impulsar una reforma fiscal verdaderamente justa y redistributiva".

DATOS QUE SON "MÍNIMOS"

EAPN ha alertado que los datos de la encuesta de calidad de vida deben ser interpretados como "un mínimo", pues se hace en los hogares y, por lo tanto, deja fuera las situaciones de un importante número de personas que viven en la calle, asentamientos, albergues, caravanas o habitaciones.

Es por ello que la entidad lleva tiempo reclamando el diseño y la implementación de una encuesta social autonómica que permita acceder a datos que reflejen la totalidad de esta realidad social.

EAPN, pese a considerarles "insuficientes" para acabar con la pobreza estructural de Baleares, ha destacado el impacto positivo que han tenido políticas sociales como el llamado escudo social, el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) o la moratoria de desahucios.

"Hasta con una economía funcionando a pleno rendimiento y con un mercado laboral se condena a un mínimo de 190.000 personas, que seguro que son muchas más, a sufrir situaciones de pobreza y exclusión social", ha sentenciado.