Un error en la citación de un testigo clave obliga a suspender el juicio por la estafa con una herencia inventada

PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un error en la citación de un testigo que la Fiscalía considera clave ha obligado a suspender el juicio contra tres acusados de estafar a un matrimonio inventándose una herencia millonaria.

El inicio de la vista oral estaba previsto para la mañana de este jueves en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, pero ha sido anulada.

La fiscal ha alegado que, debido a un error en la citación --han llamado a un número de teléfono equivocado--, un testigo cuya presencia ha considerado "imprescindible" para el devenir del procedimiento no ha comparecido y, por lo tanto, la vista debía ser suspendida.

Tanto el letrado de la acusación como los defensores de los tres procesados se han adherido a la petición, que la magistrada ha estimado.

LOS HECHOS

Según expone la Fiscalía en su escrito de acusación, los hechos se remontan a septiembre de 2012, cuando dos de los procesados dijeron a las víctimas que iban a recibir una herencia procedente de Alemania pero que antes necesitaban obtener fondos para tramitarla.

Es por ello que les pidieron que solicitaran un crédito con garantía hipotecaria sobre una vivienda de su propiedad, ubicada en Inca, y acudieron a un notario para firmar una escritura de constitución de hipoteca cambiaria con el tercer acusado, que actuaba de prestamista.

Este último recibió una letra de cambio de más de 67.000 euros y, el mismo día pero en otra notaría, otra de las procesadas otorgó una escritura de reconocimiento de deuda por importe de 68.000 euros.

Al día siguiente, las víctimas entregaron a los acusados 20.000 euros más, también con reconocimiento de deuda en seis meses. Sin embargo, llegado el momento del pago se renegoció la deuda y, más tarde, se constituyó una segunda hipoteca sobre la vivienda de Inca en favor de una mercantil y con plazo de amortización de dos meses, que no fue abonada.

En enero de 2014 se firmó una escritura de pago de deuda y cancelación de hipoteca, de forma que la propiedad del inmueble pasó a manos de la mercantil.

El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de un delito de estafa agravada y pide, además de la anulación de las escrituras, que cada uno de los procesados sean condenados a cuatro años de prisión.