PALMA DE MALLORCA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
El coordinador de Esquerra Unida en Baleares (EUIB), Juanjo Martínez, ha calificado este sábado la ley de Evaluación Ambiental aprobada por el Parlament de "cajón de sastre" y ha asegurado que "contiene aspectos muy negativos" si bien ha aplaudido otros que considera positivos.
Así se ha expresado Martínez en declaraciones recogidas en una nota de prensa en la que señala que la adaptación de la normativa a la legislación comunitaria y española "era un trámite obligado del que se había olvidado el Govern de Bauzá".
Dejando de lado la adaptación, EUIB ha hecho referencia a las enmiendas hechas por los grupos parlamentarios, de las que ha dicho, "no han contado con los estudios e informes jurídicos que son preceptivo en las tramitaciones de los proyectos de ley".
Para EUIB, es positivo que la ley "deroga la vergonzosa legislación del PP, que se hizo a medida de los intereses de los promotores del golf de Son Bosc" y que "prevé la ampliación del parque de s'Albufera", aunque son cuestiones "que se habrían podido resolver antes".
Asimismo, para Martínez, la regulación de los Party Boat está "metida con calzador": "Es una iniciativa personal de la diputada de Formentera que ha conseguido que el 100% del litoral de su isla quede libre de esta actividad tan agresiva, pero en el resto de islas la prohibición sólo es parcial y la norma insuficiente", ha subrayado el coordinador, que también ha aplaudido la eliminación de la obligación de contar necesariamente del visto bueno del 50% de los propietarios para proteger espacios naturales.
Sin embargo, EUIB considera negativa la enmienda del PI, que ha contado con el apoyo de todos los grupos excepto Podemos y de la diputada de Formentera, para establecer un nuevo periodo de carencia en la obligación de dotar de alcantarillado para dar licencias municipales de construcción en suelos urbanos.
Para Juanjo Martínez, coordinador de EUIB, "es una norma aberrante que permitirá que se continúe contaminando nuestro subsuelo, que ya está muy dañado".
"Esta enésima prórroga del plazo para adaptarse a la legalidad de las urbanizaciones que se han desarrollado al margen de la ley, tampoco servirá para que los promotores y los ayuntamientos doten las urbanizaciones de los servicios obligatorios, como ocurrió con las anteriores", ha añadido.
El coordinador ha protestado por "doce años de sucesivas moratorias que supuestamente eran temporales y exigían la ejecución simultánea del alcantarillado y la concesión de licencias de obras, pero en todos estos años no se ha hecho nada y nos encontramos en la misma situación." "¿Por qué deberíamos confiar en que esta vez si que los ayuntamientos cumplirán sus obligaciones, que son costosas, si pueden esperar sucesivas ampliaciones de plazos, como ha ocurrido hasta ahora?", se ha preguntado Juanjo Martínez.
