Fernández respalda el desalojo de la antigua prisión de Palma y urge a la Delegación del Gobierno a intervenir

PALMA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha respaldado el proceso de desalojo de las 206 personas que residen en la antigua prisión de Palma, impulsado por el Ayuntamiento, y ha urgido a la Delegación del Gobierno a intervenir.

Así se ha expresado este martes en el pleno del Parlament al ser preguntada por el diputado socialista Omar Lamin acerca de la "expulsión" de familias vulnerables a la calle sin garantizar una alternativa habitacional.

La consellera, en la misma línea que lo han hecho los responsables de Cort, ha justificado el proceso de desalojo en los reiterados incendios que han ocurrido recientemente en el interior del recinto, que es de titularidad municipal y donde el Consell de Mallorca prevé construir una rotonda.

"¿A usted le parece que eso es vivir con dignidad? A nosotros no. Nada de esto es digno y no vamos a mirar hacia otro lado, este Govern va a ser al lado del Ayuntamiento para solucionar esta situación. Y esperamos que ustedes, desde la Delegación del Gobierno, hagan lo mismo", ha señalado.

También ha recriminado a los socialistas "si era digno" que en las pasadas legislaturas "se desahuciaran a familias de viviendas del Ibavi" y que los precios del alquiler y compra "se dispararan año tras año mientras legislaban desde el sectarismo".

Lamin, por su parte, ha criticado que la consellera pretenda lanzar "balones fuera" cuando las competencias en materia de vivienda y de servicios sociales son municipales y autonómicas, y no estatales.

"Las más de 200 personas que viven en la prisión no es que lo hayan elegido, sino que el sistema los ha expulsado porque el Govern ha mirado hacia otro lado estos tres años, porque ha puesto la alfombra roja a que los precios sigan subiendo y la gente normalice la calle como una forma de vida", ha expuesto.

A su parecer, el desalojo de la antigua prisión de Palma "no es un hecho aislado" sino la consecuencia de un Govern que "ha hecho del racismo institucional su forma de gobernar para competir con Vox".