El fiscal Carrau confirma que no estuvo en la vista de medidas cautelares contra el excomisario Estarellas

PALMA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fiscal Juan Carrau ha negado este jueves que estuviera presente en la vistilla de medidas cautelares contra el excomisario de la Policía Local de Palma, Rafael Estarellas, detenido por el caso ORA, y que participó en algunas actuaciones sustituyendo a Miguel Ángel Subirán.

La declaración de Carrau ha tenido lugar exclusivamente para dirimir esta cuestión, que se suscitó durante la sesión del pasado martes del juicio contra los investigadores del caso Cursach, durante la declaración de la pareja de Estarellas, que le asistió en su detención.

"No estuve presente. Mi firma no está. Ese relato con seguridad no lo hice yo, no es la forma que tengo de formular las preguntas. A pesar de lo que dice el acta, no estuve presente", ha dicho cuando se le ha exhibido el acta en la que figuraba como asistente. "No recuerdo haber estado en ninguna vista de petición de medidas cautelares contra Estarellas", ha insistido.

También se le ha preguntado si estuvo presente en la declaración en sede judicial del mismo Estarellas. Su nombre aparecía en los asistentes, pero no su firma. En este punto ha apuntado que "pudo haber estado, pero no lo recuerda", porque ese día asistió a algunas declaraciones por motivos de agenda del fiscal encargado.

Sí que ha señalado, cuando se le ha mostrado otro documento, que su firma figuraba en un informe, que habría redactado en sustitución Subirán.

IRREGULARIDADES EN EL IME

La sesión de este jueves ha comenzado con la declaración como testigo del gerente del Instituto Municipal del Deporte (IME) entre 2015 y 2019, José María González, que ha afirmado que a su llegada al cargo detectó irregularidades que "casualmente" siempre beneficiaban a la empresa de Antoni Roig.

González ha explicado que encargó un informe pericial al detectar irregularidades como facturas que no coincidían con los precios, albaranes sin precios, facturas de más por horas trabajadas, facturas hinchadas, entre otras.

El testigo, al mismo tiempo, se ha referido a la "amistad íntima" entre el empresario y el que fuera jefe de mantenimiento, Alberto Serna que, ha añadido, siempre "se quejaba" cuando la empresa de Roig salía perjudicada. "Esto me enfadaba especialmente y le preguntaba 'a ti quién te paga'", ha añadido.

"En el IME era vox populi que Serna y Roig tenían mucha amistad y que casualmente siempre salía beneficiada la empresa de Roig", ha apuntado. El exgerente ha recordado que el conocido como caso IME acabó con un acuerdo con la Fiscalía.

En su turno, el fiscal Tomás Herranz y otros abogados de la acusación han advertido que la causa IME no tiene relación con el caso ORA, que es el objeto del actual procedimiento. "Ni una sola de las preguntas y respuestas guarda relación con el tema de la ORA", ha señalado el representante del Ministerio Público, que ha añadido que "ha preferido esperar pacientemente para no interrumpir".

OFERTA DE SOBORNO AL PSIB

También ha comparecido el alcalde de Palma entre 1979 y 1991, el socialista Ramón Aguiló, que ha revelado que en los años 80, una empresa de la familia Roig ofreció dinero al PSIB para que seguir como adjudicataria del contrato de los semáforos de la ciudad.

Según ha explicado a preguntas del abogado de la defensa Pedro Horrach, declaró este extremo en 2016 en el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma.

"A mediados de los años 80 terminaba la concesión del mantenimiento de los semáforos y un concejal vino a verme y comunicarme que el adjudicatario que cesaba en la concesión --una empresa de la familia Roig-- se había percatado de que su oferta no era la que tenía más valoración, por lo que estaba dispuesto a ofrecer al PSIB una cantidad de dinero si se le adjudicaba otra vez el mantenimiento. Le dije que ni hablar, que había que hacerlo con todos los requisitos legales", ha recordado.

El juicio contra los investigadores del caso Cursach, entre ellos el exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán, para quienes Fiscalía solicita 118 y 121 años de prisión, respectivamente, sigue este jueves con más declaraciones de testigos.

También se sientan en el banquillo miembros del Cuerpo Nacional de Policía del Grupo de Blanqueo de Capitales, en concreto el entonces inspector jefe José Luis García Reguera, el subinspector Miguel Ángel Blanco, la subinspectora Blanca Ruiz y el policía Iván Bandera.