Los arquitectos rechazan que esta cantidad procediese de dinero negro de las obras y que falsificasen la contabilidad de su empresa
PALMA DE MALLORCA, 5 May. (EUROPA PRESS) -
Los hermanos Luis y Jaime García-Ruíz, arquitectos imputados en el marco del caso Palma Arena, han afirmado ante el juez instructor de la causa que realizaron una provisión de fondos por valor de 400.000 euros dentro de la contabilidad de su empresa, GR1, si bien han negado que esta operación sirviese para no tributar la cantidad y enmascarar beneficios presuntamente ilícitos procedentes de la construcción del velódromo palmesano.
Así lo han puesto de manifiesto ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro, y el fiscal Juan Carrau durante la declaración que han prestado en calidad de imputados en el marco de la pieza número 26 de este complejo procedimiento, que fue recientemente incoada para investigar si ambos arquitectos incurrieron en un delito contra la Hacienda pública, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.
Las investigaciones apuntan a que mediante esta provisión de fondos, los García-Ruíz, defendidos por el letrado José Zaforteza, se efectuaron en 2007 un autopréstamo dentro de su misma empresa, evitando así declarar al fisco los 400.000 euros y maquillando beneficios derivados de las obras del Palma Arena. Sin embargo, en su comparecencia, los dos encausados han negado haber llevado a cabo falsificaciones contables en su mercantil y que esta cantidad procediese de dinero negro de la construcción.
Cabe recordar que el magistrado acordó en 2009 una fianza de responsabilidad civil de 1,2 millones de euros para los dos hermanos, caución que el pasado mes de febrero fue anulada por la Audiencia Provincial al considerarla "absolutamente inmotivada". En este mismo auto, el tribunal de la Sección Segunda cuestionaba que la pista del velódromo Palma Arena se pagara dos veces, en contra de lo que sostiene el juez Castro y las acusaciones.
Las investigaciones de esta causa apuntan a que los García-Ruíz fueron contratados 'a dedo', fruto de lo cual acabaron percibiendo unos honorarios de unos nueve millones de euros por hacerse cargo del considerado proyecto estrella de la legislatura de Jaume Matas (2003-2007).
De hecho, una de las principales líneas de investigación en el procedimiento se centran en averiguar por qué se le rescindió el contrato al arquitecto inicial de las obras, Ralph Schürmann, y quién ordenó la contratación de los García Ruíz, quienes ya declararon ante el juez que Matas les había llamado personalmente para dirigir las obras de construcción.
Es más, ambos imputados atribuyeron al diseñador alemán las causas que motivaron el sobrecoste del velódromo, cuyas obras, presupuestadas inicialmente en unos 48 millones de euros, pasaron a costar cerca de los 110 millones. Así, el caso investiga este presunto desvío de fondos públicos y su posible conexión con el lujoso tren de vida llevado por Matas cuando era máximo mandatario de la Comunidad Autónoma, así como la presunta financiación irregular del PP.
