Actualizado 28/03/2009 20:20 CET

El GOB pide la revisión de los proyectos de los Convenios de Carreteras y remarca su rechazo al segundo cinturón

PALMA DE MALLORCA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) - -

La portavoz del GOB, Margalida Ramis, manifestó hoy la necesidad de revisar los proyectos previstos en los Convenios de Carreteras de Baleares, cuya aportación económica asciende hasta los 557,5 millones de euros, para poder evaluar la dimensión y viabilidad de algunas de las obras viarias que están pendientes de ejecución.

En declaraciones a Europa Press, Ramis remarcó el rechazo mostrado por los ecologistas hacia algunas de las iniciativas planteadas en los Convenios que ayer autorizó el Consejo de Ministros, entre las que mencionó el segundo cinturón de Palma dado que, según dijo, responde a una infraestructura que no es estrictamente necesaria y que no resuelve los problemas de acceso a la ciudad.

Asimismo, recordó que todavía se está pendiente la elaboración de un estudio integral de movilidad relativo a los accesos a Palma, para el que está reservada una partida dentro del citado Convenio, y en el que debería determinar cuáles son actuaciones más oportunas para resolver los problemas de movilidad en la capital balear.

Además, destacó como otro de los proyectos "conflictivos" previsto por el Govern es el de la carretera que unirá Inca con Caimari que, según dijo, representa una "pequeña autopista a las puertas de las Serra de Tramuntana", y que, según auguró, "provocará la movilización por parte de los vecinos y del GOB".

Con todo, la miembro del GOB indicó que el Govern y el Consell de Mallorca deberían replantearse el modelo territorial que se quiere para Baleares, por lo que reclamó a los partidos políticos que estudien alternativas que estén justificadas dentro de un modelo de movilidad en el que prevalezca el transporte público frente al privado.

Por último, recordó que recientemente el GOB ha solicitado la retirada del Plan director sectorial de Carreteras del Consell de Mallorca, al considerar también que contempla actuaciones que no responden a las necesidades de los ciudadanos.

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