Archivo - El conseller de vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo
PALMA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha defendido la posibilidad de aplazar hasta los 50 años de antigüedad de los inmuebles la obligatoriedad de realizar la correspondiente inspección técnica de edificios al entender que es una medida que "resulta proporcionada y garantista".
De este modo se ha expresado el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, al ser preguntado al respecto por la diputada socialista Verónica Llufriu en el pleno del Parlament de este martes.
El conseller ha confirmado, tal y como había expuesto anteriormente la diputada, que la recientemente aprobada ley ómnibus contempla un artículo que aplaza desde los 30 hasta los 50 años el plazo máximo para realizar de forma obligatoria la inspección técnica de edificios.
Ha defendido que esta medida "simplifica y unifica" una tramitación que hasta ahora era doble, pues la inspección técnica tenía que hacerse a los 30 años de antigüedad y los informes de eficiencia energética y de accesibilidad, a los 50.
"Esto generaba una duplicidad y cargas administrativas para los ayuntamientos, y con esta unificación se establece la revisión a los 50 años, que es lo que fija la ley estatal del suelo. La vida media de un edificio es de 100 años, por lo que resulta proporcionado y garantista", ha subrayado.
Llufriu, por su parte, ha sostenido que la incorporación de esta medida demuestra que al Ejecutivo autonómico no le importa el estado de conservación del parque de viviendas de Baleares, uno de los más antiguos de España y con una vida media superior a los 45 años.
"¿No le importa que la gente viva en lugares seguros? Con el problema tan grave de vivienda que tenemos, vemos medidas que no hacen más que empeorarlo. Ni las conservan ni hacen nuevas", ha dicho.
También ha puesto el foco en el hecho de que el grupo 'popular' en el Ayuntamiento de Ciutadella reclamara recientemente al equipo de gobierno que intensificara la inspección de edificios después de un desprendimiento dejara tres mujeres heridas.
"Yo ya no sé si es falta de coherencia o exceso de cinismo", ha sentenciado la socialista.
VIVIENDAS A PRECIO TASADO
Mateo también ha sido interpelado por el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa, quien le ha echado en cara que la ley ómnibus incorporara otra enmienda que permite que las personas jurídicas puedan adquirir viviendas de precio tasado.
"Tenemos un problema de concentración de propiedad en pocas manos, lo que lleva a la especulación, y decidan que fondos buitres y grandes empresas puedan competir con los ciudadanos por las viviendas a precio tasado. ¿Por qué cree que eso es positivo, que mejorará el acceso a la vivienda?", ha expuesto el ecosoberanista.
Mateo ha eludido a responder a esta cuestión en su primer turno de palabra, lo que Rosa ha replicado llamándole "cobarde y cínico". "Lo mínimo que debe hacer es dar la cara por las medidas que usted mismo ha tomado", ha incidido.
"Ha estado faltón, maleducado y muy mal informado", le ha espetado Mateo, quien en su segundo turno sí ha accedido a entrar en el fondo de esta cuestión.
El conseller ha señalado que las viviendas de precio tasado vienen reguladas desde 2008 y su posterior reforma en 2017, a partir de cuando se permitió que pudieran ponerse en el mercado en alquiler o en alquiler con opción de compra.
Al abrir esta posibilidad, ha proseguido, la gestión de estos alquileres pueden llevarlo a cabo los promotores o una persona jurídica que compre esa promoción de viviendas a precio tasado, que son las que tienen un precio más asequibles de todas las figuras de protección pública.
"De ahí la enmienda introducida en la ley. Así, los gestores pueden alquilar o vender a las personas jurídicas y que estas a su vez vendan o alquiler a los beneficiarios que cumplan con las condiciones", ha subrayado.
En ningún caso, ha insistido, supondrá que estas viviendas se comercialicen a precios superiores a los fijados por la ley. "Se lo puedo decir en prosa o en verso, pero esta es la realidad", ha concluido.