PALMA DE MALLORCA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Agricultura y Pesca, Margalida Moner, defendió hoy la subasta de las Cámaras Agrarias que prevé llevar a cabo el Govern y que ha provocado el rechazo de la oposición, al considerar que ello revertirá en beneficio de los agricultores, permitiendo el acondicionamiento de locales modernos en los que los profesionales del sector podrán trabajar en mejores condiciones que las actuales.
Así lo afirmó Moner en el pleno del Parlament en respuesta a las acusaciones manifestadas por el diputado del Grupo PSIB, Vicent Tur, quien afirmó que el Govern está "usurpando y dilapidando" el patrimonio que durante décadas han acumulado los profesionales agrarios, y criticó que los inmuebles vayan a caer en manos del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de Baleares (FOGAIBA). "Si el FOGAIBA necesita financiación para sus locales, que busque otras fórmulas para conseguirla", añadió.
Unas palabras que suscitaron el rechazo de la consellera, que insistió en que el objetivo del Govern es realizar una valoración de todas las propiedades y bienes acumulados en las Cámaras Agrarias y, una vez concluída, subastar los inmuebles para invertir las ganacias en la edificación de nuevas instalaciones para el sector. Asimismo, Moner defendió su labor subrayando que el Govern del Pacte de Progrés "nunca se ocupó de los intereses del sector".
Sin embargo, Tur insistió en que el patrimonio de las Cámaras Agrarias debe recaer en manos de sus "legítimos propietarios, que son los payeses" y emplazó a Moner a retirar el decreto que contempla la proyección del Govern. "Este decreto pretende ser una auténtica provocación, porque ha excluído de la Comisión liquidadora (de las Cámaras) a las organizacines profesionales agrarias", remarcó el diputado.
"Si las organizaciones formaran parte de la Comisión, ello concedería un poco de transparencia a la gestión del Govern", opinó Tur, que pidió a Moner que retire el decreto y busque el consenso con el sector. Finalmente, la responsable autonómica de Agricultura consideró que el decreto "respeta la Ley" y subrayó que las Cámaras Agrarias se adquirieron gracias a las subvenciones del Estado y de la Comunidad Autónoma, por lo que justificó su entrega al Fondo, propiedad del Govern.