El Govern priorizará suelos degradados y áreas industriales para colocar paneles solares y baterías

PALMA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha actualizado los criterios técnicos y ambientales para la elaboración de estudios de impacto ambiental de los proyectos de plantas solares fotovoltaicas y sistemas de almacenamiento de energía con baterías (BESS), por lo que priorizará la ubicación en zonas ya transformadas o de bajo valor ambiental, como suelos degradados o áreas industrializadas.

El objetivo es garantizar un despliegue "ordenado, seguro y ambientalmente responsable" de las energías renovables, según han apuntado desde la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado.

Asimismo, se fomentarán soluciones compatibles con otros usos del suelo, como la 'agrovoltaica', que permite mantener la actividad agraria junto a la producción energética.

También se establecen distancias de protección respecto a núcleos de población, viviendas aisladas, masas forestales y espacios naturales, con el fin de "preservar la calidad de vida, el paisaje, los valores ambientales y minimizar impactos o las molestias acústicas".

"Los criterios refuerzan también la protección de los hábitats de interés comunitario, las masas forestales y los corredores ecológicos tanto dentro, como fuera de la Red Natura 2000, y prestan especial atención a la prevención de impactos acumulativos y sinérgicos sobre el medio natural", han aseverado.

En relación con las baterías, se incorporan exigencias específicas de seguridad, al recomendar su emplazamiento preferente en áreas industrializadas o integradas en instalaciones fotovoltaicas existentes y establecer distancias adecuadas para "minimizar riesgos". Asimismo, se impulsa la aplicación de las mejores técnicas disponibles y la realización de análisis de riesgos y planes de protección.

"La aprobación de estos criterios proporciona un marco técnico claro y homogéneo para promotores, administraciones y ciudadanía, facilitando la tramitación de los proyectos y reforzando la seguridad jurídica, al tiempo que se garantiza un nivel de exigencia ambiental", han reivindicado.

Con esta iniciativa, el Govern trata de reforzar el papel de la Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental como "garante de una evaluación basada en criterios técnicos y ambientales", al asegurar decisiones "fundamentadas en el análisis objetivo y el cumplimiento de la normativa vigente".