Identifican "serias violaciones" del derecho al asilo de los migrantes pese al aumento de potenciales solicitantes

   PALMA, 20 (EUROPA PRESS)

   El informe 'Abandono y violencia institucional hacia las personas migrantes: Un análisis territorial de vulneración de derechos', elaborado por las organizaciones Irídia y Novact, alerta de "serias violaciones" del derecho al asilo de los migrantes llegados en patera a Baleares.

    Dos de sus autores, Úrsula Ruiz y Clara Calderó, y la abogada experta en extranjería Lola Puertas han presentado el estudio en una rueda de prensa celebrada la mañana de este jueves en el Casal d'Associacions d'Inmigrants i ONGD de Palma.

    Esto sucede, han advertido, en un contexto en el que en los últimos años cerca del 70% de los migrantes llegados al archipiélago proceden de países subsaharianos, muchos de ellos "con alto reconocimiento de protección internacional".

   Es el caso, por ejemplo, de las personas nacionales de Somalia, cada vez más numerosas entre los llegados en patera a Baleares, que tienen una tasa de reconocimiento del 98%.

    "Nos preocupa porque eso requiere que la administración despliegue más recursos para dar respuesta", ha indicado Ruiz, referente de políticas migratorias y frontera de Irídia.

    Estas "serias violaciones" del derecho a solicitar asilo, apunta el informe, se dan concretamente entre las personas que se encuentran en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), que en Mallorca está situado en el antiguo cuartel de Son Tous.

   Ahí, los migrantes retenidos son filiados por agentes de la Policía Nacional para iniciar un expediente de devolución, un procedimiento para el cual tienen derecho a un abogado pero que muchas veces se realiza "de manera grupal". Un mismo letrado puede llegar a asistir a ocho personas a la vez.

     Estas personas, de acuerdo con los expertos, no reciben la información necesaria para tener la oportunidad de expresar su intención de reclamar protección internacional.

   La investigación ha revelado que se realizan entrevistas de unos cinco minutos de duración, "a la intemperie y sin privacidad" pese a que existe un módulo específico para ello en Son Tous. 

   También se han detectado "deficiencias" en los servicios de traducción presencial, que se realiza en inglés, francés y en ocasiones en árabe, mientras que el resto de idiomas se traducen por vía telefónica. Los investigadores han encontrado casos de "mala praxis" de los traductores que habrían comprometido la privacidad de las personas entrevistas. 

    Según datos del Ministerio del Interior recogidos en el documento, en el CATE de Son Tous no se ha tramitado ninguna manifestación de necesidad de protección internacional, lo que demuestra "una grave deficiencia tanto en el acceso a información como al procedimiento".

    "Faltan medios para hacer una intervención adecuada, faltan espacios para realizar entrevistas y falta tiempo. Uno de los problemas más graves es la falta de interpretes, cuando hay llegadas masivas y tenemos que asistir a numerosas embarcaciones no tenemos medios", ha explicado Puertas.

    Eso, ha indicado la letrada del turno de oficio, dificulta "en gran manera" la posibilidad de detectar perfiles vulnerables. Tanto es así, ha asegurado, que nadie ha salido del CATE de Son Tous con una cita para poder solicitar asilo.

   De hecho, ha puntualizado, en muchas ocasiones a ella y a sus compañeros no les queda más remedio que escribir un documento a mano en el que exponen los motivos por los que consideran que su representado podría ser un potencial solicitante de asilo, lo que se sitúa "fuera del procedimiento formal".

     El colectivo de abogados, ha indicado, ya ha puesto de relieve estas dificultades en reiteradas ocasiones y ha solicitado habilitar medios para que los potenciales solicitantes de protección internacional puedan manifestarlo en el propio CATE.

    "Tendríamos que coger un poco el modelo canario, que ya facilita la posibilidad de manifestar esa voluntad de solicitar protección y en ese momento se le asigna la cita para la entrevista, que es el inicio del procedimiento. Es una demanda que estamos peleando", ha ahondado.

"CALABOZOS" EN LOS QUE SE "CRIMINALIZA" 

   Calderó, responsable de proyectos de migraciones de Novact, ha desgranado otras de las supuestas violaciones de derechos que padecen las personas migrantes durante su "detención" en el CATE de Son Tous. 

   Las instalaciones del antiguo cuartel, ha señalado, tienen "naturaleza de calabozo". "Son celdas con barrotes y colchonetas en el suelo, tampoco cuenta con servicio de duchas en funcionamiento", ha afirmado basándose en imágenes y testimonios a los que ha accedido. 

   El informe indica, citando fuentes internas del CATE, que el espacio cuenta con 15 celdas con una capacidad para diez personas cada una sin espacios diferenciados según el género. 

   Tampoco cuenta con instalaciones adecuadas para la atención de menores de edad, familias o personas con necesidades específicas como aquellas que podrían haber sido víctimas de violencia de género, sexual o trata de seres humanos. 

   Son condiciones, ha expuesto, que no cumplen con los estándares internacionales ni las indicaciones del Defensor del Pueblo y que, además, responden a la "cuestionable" práctica de privar de libertad de forma sistemática a personas recién llegadas que no han cometido delito alguno. 

   En el CATE, ha proseguido, también se realizan unas entrevistas, en ocasiones "sin asistencia letrada", que tienen como objetivo tratar de identificar a los supuestos patrones de las pateras para detenerles y, eventualmente, someterles a un procedimiento judicial por delitos de favorecimiento de la inmigración irregular. 

   De acuerdo con datos del Ministerio del Interior, desde 2022 al menos 184 personas han sido acusadas y detenidas por este delito en el antiguo cuartel militar, de las cuales 14 eran niños o adolescentes.

   Sumando otras infracciones penales, el número de personas arrestadas en Son Tous en los últimos tres años asciende hasta las 12.397, de las cuales 753 eran mujeres, 11.644 hombres y 1.168 menores.  

   "Se da un contexto preocupante de criminalización de la migración y la infancia", ha valorado Calderó. 

"PRÁCTICAS VEJATORIAS" Y FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA

   La investigación también ha identificado otras deficiencias en el proceso de atención de las personas migrantes que llegan en patera hasta Baleares. 

   Desde el mismo momento del rescate y el desembarco en tierra, ha apuntado Calderó, predomina un "enfoque policial" que, según han podido documentar, incluye "prácticas vejatorias o contra la integridad moral". 

   Es el caso, por ejemplo, de cuando los agentes de la Guardia Civil, por falta de acceso a otros medios de control, escriben en la piel de los migrantes un número de identificación. 

   Tampoco existen protocolos de colaboración entre los actores implicados, por lo que en muchas ocasiones la atención médica y sanitaria no está garantizada ni en el desembarco ni tras su llegada al CATE. 

   De esa función se encarga la Cruz Roja, subcontratada para ello por el Gobierno, pero en la práctica no está asegurada la presencia de personal médico especializado. 

   "Mayoritariamente lo realizan voluntarios, como pasa en otros puntos de España, y el hecho de que haya o no médicos o enfermeros depende de que esté disponible una persona voluntaria con esa profesión", ha aseverado. 

    Los recursos tanto humanos como materiales de los que dispone la entidad para detectar potenciales vulnerabilidades entre los migrantes son también "insuficientes".