Archivo - Agentes de Policía Nacional en un desalojo. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo
PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento Europeo ha aceptado tramitar la proposición de ley impulsada por un despacho de Palma contra la llamada 'inquiokupación' para proteger a los inquilinos vulnerables con fondos europeos, erradicar la inseguridad jurídica y hacer aflorar viviendas al mercado.
Se trata del llamado Plan MD Europa de Subrogación y Tutela Habitacional, coordinado por el letrado de MD Law Group Deyan Todorov, que en junio ya aceptó tramitar el Parlament y que ahora ha sido admitido igualmente en la Eurocámara y transferido a la Comisión de Peticiones y a la Comisión de Vivienda.
A grandes rasgos, la iniciativa legislativa propone un plan de tutela de 72 horas para ofrecer a las familias vulnerables una alternativa habitacional cuando se enfrentan a un desahucio con la financiación de fondos europeos.
De esta manera, según han argumentado desde la firma, la protección de los inquilinos vulnerables no recae sobre los propietarios ni sobre las arcas autonómicas, forzadas a asumir deudas y suministros de los inquilinos morosos sin desalojar el inmueble.
La proposición de ley, además, contempla que si el ocupante rechaza la alternativa habitacional, decae esta protección y la autoridad judicial puede decretar el desalojo cautelar inmediato para que la propiedad reciba de nuevo el inmueble en cuestión de semanas.
El despacho entiende que al eliminar el riesgo de impago y acelerar los trámites en los juzgados afloraría al mercado un 15 por ciento del stock de viviendas que está a día de hoy retenido, con la consecuente bajada de precios.
El documento solicita expresamente el apoyo de las instituciones comunitarias para que el mecanismo de tutela del Plan MD sea respaldado y financiado con Fondos Europeos.
A juicio de Todorov, el colapso del alquiler en España, Italia y Francia no es una crisis de precios sino una crisis de riesgo sistémico procesal. "Los datos reales certifican que la inseguridad jurídica y el miedo a la inquiokupación han destruido casi el 40 por ciento del parque residencial en los últimos años, y las recientes medidas punitivas han esfumado otro 19 por ciento en cuestión de semanas", ha argumentado.
A juicio del impulsor de la norma, forzar a un particular a financiar el bienestar social del Estado bajo amenaza de suspensión de desahucio vulnera el artículo 17 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales.
"El Plan MD demuestra que se puede proteger al vulnerable en 72 horas sin arruinar al casero ni confiscar el stock residencial", ha concluido el letrado.
La firma ha contrapuesto su fórmula a los decretos estatales de vivienda que este jueves se aprobarán en la Diputación Permanente del Congreso y que, a su juicio, son un "parche". A su parecer, los decretos cronifican los asuntos en los juzgados, no ofrecen garantías para la recuperación de los inmuebles por parte de los propietario, trasladan los gastos a los CCAA y contraen la oferta.
