Bauzá elude adelantar si será suspendido de militancia para que Capó "actúe sin presiones"
PALMA DE MALLORCA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
El magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJIB), Antonio Capó, adoptará a lo largo de la próxima semana una decisión sobre la petición de la Fiscalía y acusación particular de imponer al ex conseller de Industria, Comercio y Energía del Govern de Jaume Matas, Josep Juan Cardona, una fianza de responsabilidad civil de 4,8 millones de euros.
El magistrado se encuentra deliberando sobre la petición de los fiscales Anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach y la acusación particular, en nombre del Govern, que, el pasado día 21, pidieron esa cantidad por los posibles daños económicos derivados de su supuesta implicación en los hechos investigados en el marco del caso Scala.
La decisión que adopte el juez determinará la posible respuesta que afronte el PP ante este caso, ya que su presidente, José Ramón Bauzá, ha optado por suspender temporalmente de militancia a aquéllas personas contra las que se decreten medidas cautelares, algo que ya ha afectado a los 'populares' imputados en la Operación Bomsai, Jorge Sainz de Baranda y Joan Pol, tras decretar la juez contra ellos prisión provisional eludible mediante fianzas de 50.000 y 30.000 euros, respectivamente. Así como al ex director gerente de la empresa pública CAIB Patrimoni, Jaume Vidal, imputado en la Operación Bomsai.
Mientras, otros 'populares' como el regidor del Ayuntamiento de Palma, Rafael Duran, o el ex conseller de Economía y Hacienda del Govern de Jaume Matas, Lluís Ramis de Ayreflor, solicitaron darse de baja voluntaria en la formación atendiendo a este nuevo criterio de la cúpula del partido.
El presidente del PP eludió hoy, en declaraciones a Europa Press, pronunciarse sobre si es partidario de dar de baja a Cardona en el caso de que el juez imponga el pago de una fianza, a pesar de que ésta sea de responsabilidad civil y no penal. En este sentido, el líder de los 'populares' consideró más "oportuno" dejar a Capó que "actúe sin presiones por parte de nadie, y menos de formaciones políticas".
INTERROGATORIO DURANTE MÁS DE TRES HORAS
Cabe recordar que la petición de la Fiscalía se produjo después de que el parlamentario del PP fuese interrogado durante más de tres horas, en calidad de imputado, ante en el marco de la causa que investiga la presunta trama de corrupción urdida la pasada legislatura en torno al Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), procedimiento conocido como caso Scala.
Durante su declaración, aseguró no tener ninguna vinculación con sociedades que en la pasada legislatura resultaron adjudicatarias de diversos contratos por parte del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), a través del cual se desviaron presuntamente unos cinco millones de euros.
Entonces ni la Fiscalía ni la acusación particular solicitaron contra Cardona medidas cautelares como prisión bajo fianza, ni tampoco la retirada de pasaporte o la prohibición de abandonar el territorio nacional.
La declaración de Cardona tuvo lugar después de que la máxima instancia judicial de las islas asumiese el pasado mes de enero las competencias para instruir el caso y solicitase el complejo sumario a la titular del Juzgado de Instrucción número 4, Piedad Marín, hasta entonces encargada de la causa. La jueza, en una extensa exposición razonada elevada al TSJIB, fundamentaba su petición en la condición de aforado de Cardona y en la existencia de "numerosos datos incriminatorios" contra el imputado, para quien podrían decretarse medidas cautelares en caso de que así lo solicite la Fiscalía.
Precisamente, el ex conseller de Comercio, Industria y Energía, asistido por el letrado Josep Zaforteza, fue citado a declarar el pasado 23 de septiembre por Marín aunque pidió no comparecer al alegar que por el fuero que pesa sobre él su interrogatorio debía tener lugar ante el TSJIB. Hasta ese momento, Cardona ya había prestado declaración en dos ocasiones ante el Juzgado por ser órgano competente para encargarse de las primeras diligencias.
En concreto, en el marco de esta causa se investigan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas, falsificación documental, cohecho y fraude a la Administración, que habrían sido cometidos a través de la presunta trama dirigida por la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas, para beneficiar a empresas de personas allegadas y que habría supuesto el desvío de unos cinco millones de euros públicos.
Sobre ello, en la exposición que Marín trasladó al TSJIB, a la que tuvo acceso Europa Press, la magistrada determinaba que durante la pasada legislatura, Cardona -entonces conseller de Comercio-, el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y Ordinas se apoderaron de parte de los fondos de este consorcio público "puestos de común acuerdo y guiados por el ánimo de lucro".
La jueza postulaba que la vía utilizada para desviar los caudales públicos fue la adjudicación de contratos directamente "sin observancia alguna de las normas del procedimiento" a sociedades en las que Cardona, Viaene y Ordinas tenían participación así como a personas próximas, quienes para ello les pagaban un porcentaje o comisión. Unas actuaciones que se produjeron bajo el papel "dominante" de Cardona en el funcionamiento y actividad del CDEIB, según Marín.
