El juez archiva la causa por maltrato animal contra la macrogranja avícola de Llucmajor

   PALMA, 19 (EUROPA PRESS)

   El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Palma ha archivado la causa por un posible maltrato animal que se seguía contra la macrogranja avícola de Llucmajor que fue denunciada el año pasado y en la que las gallinas convivían con ratas, suciedad y cadáveres de otros animales.

   Según el auto de sobreseimiento, al que ha tenido acceso Europa Press, las diligencias practicadas a lo largo de la investigación no han acreditado la comisión de ningún ilícito. 

   El juez hace referencia a un informe elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y a otro de los servicios de Ganadería y de Sanidad Animal de los que "no se desprende existencia de hechos penalmente relevantes". 

   No obstante, admite, la presencia de cadáveres de gallinas en distintos estados de descomposición sí evidencia "deficiencias en la retirada diaria de los mismos y en las condiciones higiénico sanitarias de la explotación". 

   Unas circunstancias que, recuerda, ya han sido objeto de diferentes expedientes sancionadores en el ámbito administrativo que calificaron los hechos como infracciones leves o graves. 

   Los informes también hablan de la detección de roedores vivos y muertos y de unas medidas de bioseguridad que incumplen la normativa administrativa, circunstancias que el juez asegura que ya han sido subsanadas y que no han supuesto un "perjuicio efectivo grave" para la salud pública o el medio ambiente. 

   El magistrado, con todo ello, descarta que los hechos denunciados puedan ser constitutivos de un delito de maltrato animal dado que no se ha acreditado que la presencia de animales muertos se debiera a un maltrato "activo, doloso ni con intención de causar un menoscabo grave a su integridad, salud o bienestar". 

   El porcentaje de mortalidad de la explotación, argumenta, se encuentra por debajo del límite considerado normal, el 1%, y por lo tanto se descarta que las muertes obedezcan tampoco a una enfermedad subyacente. 

   "La eventual permanencia de gallinas en condiciones inadecuadas, aun siendo reprochable desde el punto de vista administrativo y objeto de sanción por la autoridad competente, no alcanza el umbral de gravedad exigido", zanja el juez.

RECURSO ANTE LA AUDIENCIA 
 
   La plataforma vecinal constituida contra la explotación, 'STOP Macrogranja Llucmajor. Sense Olor ni Mosques', ya ha recurrido el archivo ante la Audiencia Provincial de Baleares.

   En el recurso de apelación, al que también ha tenido acceso Europa Press, los vecinos entienden que el juez ha ordenado el sobreseimiento de la causa "sin haber practicado las diligencias de investigación más esenciales", perjudicando su derecho a una tutela judicial efectiva.

   Así, sostienen que el hecho de que el magistrado no haya observado indicios de delito no significa que no existan, sino que "ni tan siquiera se han iniciado" las posibilidades de investigación, y reclaman la práctica de diversas diligencias. 

   Entre ellas, solicitar al Ayuntamiento de Llucmajor la cédula urbanística de la explotación para aclarar si las obras son conforme a ley o que declaren en un catedrático, acerca de la existencia de los diferentes focos de plagas e infecciones, y el veterinario de la empresa, para aclarar su papel en las revisiones periódicas de las gallinas. 

   También lamentan que no se han practicado las que solicitaron inicialmente, entre ellas la declaración de todos los denunciados en calidad de investigados y de los sucesivos alcaldes de Llucmajor desde 2019 y de los funcionarios de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente que se encargaron de los expedientes administrativos como testigos. 

   Además, desde la plataforma vecinal recuerdan que en la causa se estaban investigando la posible comisión de delitos no solo de maltrato animal, sino también relacionados con el impacto ambiental, el vertido ilegal de residuos biológicos, el fraude o contra la ordenación del territorio. 

   "No solo estamos hablando de un maltrato animal, sino que también está en riesgo la salud para las personas", subrayan en su recurso judicial. 

    En el caso de que la Audiencia Provincial desestime el recurso y el archivo adquiera firmeza, han indicado fuentes de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, la administración autonómica reactivará el proceso administrativo para determinar si la empresa responsable de la explotación avícola debe ser sancionada por estos hechos.

EL ARCHIVO "NO BORRA LAS IMÁGENES" 

    Fueron las organizaciones Satya y ARDE quienes denunciaron ante la Fiscalía a la macrogranja avícola, ubicada en el municipio mallorquín de Llucmajor, por supuestos delitos contra la salud pública y estafa.

    Ambas entidades de protección animal y medioambiental publicaron una investigación de abril del año pasado en la que constataron que el lugar presentaba una importante falta de higiene, con telarañas y una mezcla de polvo, tierra y plumas.

   Fruto de la denuncia, inspectores del Govern y la Guardia Civil inspeccionaron las instalaciones y se ordenó el cierre de una de las naves de la explotación.

   Arde y Satya, en un comunicado publicado este jueves, han sostenido que el sobreseimiento provisional de la causa "no borra las imágenes ni los hechos documentados" sobre cadáveres putrefactos o gallinas hacinadas y desplumadas.

    "¿Qué más tiene que pasar para que se castigue el maltrato animal? La convivencia de animales vivos con decenas de cuerpos en descomposición, la acumulación de suciedad extrema y las aves enfermas son hechos documentados y valorados por profesionales veterinarios", se han preguntado.

    Aunque han dicho respetar la decisión judicial, los animalistas han llamado a "no normalizar situaciones que evidencian un patrón de abandono, insalubridad y sufrimiento animal" en una explotación que ya fue sancionada con casi 400.000 euros por la vía administrativa.

    "Seguiremos utilizando todas las vías legales y sociales a nuestro alcance para exigir responsabilidades, transparencia y el cierre de una explotación que ha generado alarma vecinal, riesgos para la salud pública y sobre todo un evidente perjuicio para miles de animales", han zanjado las entidades.