La jueza cita a 22 imputados dentro de una nueva pieza del caso Voltor

PALMA DE MALLORCA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La titular del Juzgado de Instrucción número 10, Carmen Abrines, ha citado a declarar a un total de 22 imputados y a varios testigos entre los próximos 14 de diciembre y 7 de marzo en el marco de la pieza número 10 del caso Voltor, que investiga un presunto desvío de fondos públicos mediante subvenciones irregulares a personas afines a Unió Mallorquina (UM), según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

En concreto, entre los encausados se encuentran el empresario de la comunicación Jacinto Farrús -en el que se centran las investigaciones de este fleco-, citado para el 2 de marzo; el ex conseller de Turismo Francesc Buils (18 de enero), el ex presidente de UM Miquel Àngel Flaquer (17 de enero).

También están previstas las comparecencias del ex gerente del Inestur, Antoni Oliver; el que fuera responsable económico de la empresa dependiente de la Conselleria de Turismo, Álvaro Llompart, y la administradora única de la mercantil Cubic Asesoramiento Empresarial SLP, Margarita Munar, con cuya denuncia se iniciaron las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción en torno a este supuesto entramado.

En su denuncia, Munar ponía de manifiesto que su empresa se presentó a un concurso sobre 'benchmarking' -turismo de congresos y reuniones-, por un importe de 360.000 euros (417.600 euros con IVA), al que se presentaron un total de 13 licitantes, y aseveraba que el concurso fue "manipulado" ya que el objetivo del mismo era beneficiar a la UTE formada por THR y Tourin Consulting -vinculada a Farrús-.

Es más, las pesquisas sitúan al empresario, en libertad bajo fianza de 100.000 dentro de esta causa, como "figura clave en el entramado de adjudicaciones" realizadas, y le relacionan con 21 sociedades en la que consta como administrador o apoderado y en otras 120 mercantiles de las que ha formado parte. Así, vinculan al empresario no sólo con las licitaciones del Inestur sino también de "otras esferas" del Govern, tal y como consta en uno de los oficios policiales incluidos en el caso.

En concreto, las pesquisas llevadas a cabo hasta el momento apuntan a que pudieron cometerse los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude a la administración y cohecho. La operación fue abierta el pasado 3 de febrero por orden del Juzgado de Instrucción número 10, encargado del caso tras la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción.