El juicio contra Cárnicas Vicente se celebrará inicialmente el 20 de junio

PALMA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha fijado la fecha para la apertura del juicio oral contra Cárnicas Vicente por un delito de salud pública, que será inicialmente el 20 de junio, según ha podido confirmar Europa Press.

Tanto Fiscalía como el Govern piden para el responsable de la empresa una pena de dos años de prisión por un delito contra la salud pública. Además, existe una tercera acusación por parte de una empresa que obtuvo el género de Cárnicas Vicente una vez requisado, que pide por el mismo delito cuatro años y una indemnización de 73.000 euros.

Asimismo, la cuarta, en este caso una asociación de empresas de distribución de alimentos, pide hasta 16 años por seis delitos, entre ellos relacionados con condiciones de seguridad e higiene, adulterado con aditivos, envenenamiento con sustancias alimenticias, estafa y falsedad documental.

Para la sesión, el juez ha admitido la documentación aportada por la defensa, según ha relatado la parte demandada. En ella destacan las pruebas que, bajo su juicio, demuestran que Cárnicas Vicente solicitó desde el primer día analíticas de sus productos hasta en nueve ocasiones y todas ellas fueron denegadas.

Asimismo, la defensa y su representado apuntan a que se llevó a cabo una modificación de una instrucción técnica por parte de los servicios centrales para justificar la inmovilización del género, intervenido dos semanas antes de la declaración de la jefa de servicio.

Del mismo modo, aseguran que la suspensión de la actividad de la empresa como medida cautelar está sostenida por la Conselleria de Salud y Consumo, tomada "sin existir un riesgo inminente, ya que en el historial de la empresa no hay ninguna intoxicación alimentaria".

En este punto, hacen referencia al auto del juez que se pronunció sobre dicha medida cautelar, diciendo que su Juzgado no había adoptado ninguna medida y que ésta se correspondía al ámbito administrativo.

LOS HECHOS

La empresa fue denunciada por supuestas infracciones de etiquetado, congelación-descongelación-congelación y superación de fechas de consumo preferente y de caducidad tras una serie de inspecciones.

Esto conllevó la suspensión de la actividad de congelación de los productos cárnicos, de la sala de despiece de algunas carnes, de la elaboración de carnes picadas y preparados de carne, y de almacenamiento y distribución polivalente en refrigeración, congelación y a temperatura ambiente.

También se procedió al cierre de la empresa, con paralización total de la actividad de la misma desde marzo de 2018 y cuya situación continúa actualmente.