La Fiscalía rebaja las penas para la mayoría de los acusados, después de que más de la mitad reconociera los hechos
PALMA DE MALLORCA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
El macrojuicio por narcotráfico e integración en grupo criminal a los 29 acusados de la 'Operación Titanum' ha quedado prácticamente concluido este viernes tras dos semanas de sesiones en la Audiencia Provincial de Baleares.
A los 29 procesados se les acusa de formar un grupo dedicado a transportar cocaína y hachís desde Sudamérica hasta la Península e introducir la droga en Mallorca. La presunta banda de narcotraficantes fue desarticulada en la 'Operación Titanum' de la Guardia Civil en 2018.
Este viernes ha tenido lugar el informe final del fiscal antidroga Julio Cano, que ha rebajado la petición de condena para los acusados que reconocieron su participación en la trama -más de la mitad de los procesados-. La Fiscalía también ha realizado algunas correcciones a la baja para otros acusados, y se ha retirado una acusación por tenencia ilícita de armas contra uno de los investigados.
El fiscal ha centrado buena parte de su intervención a combatir las supuestas nulidades alegadas por la defensa al principio del juicio. En particular, las defensas cuestionan la legalidad de diversas actuaciones en los orígenes de la instrucción, como intervenciones telefónicas y registros domiciliarios, o la competencia de la Audiencia Provincial para juzgarlo -consideran que correspondería a la Audiencia Nacional-.
En cuanto al contenido de la prueba, el fiscal también ha sostenido que gran parte de la actividad en Mallorca se cernía en torno a un hombre en particular, acusado de liderar la rama del grupo dentro de la Isla. Según el fiscal, hay "diversas llamadas en las que es relevante" la intervención de esta persona y que otros acusados se referían a él como "el jefe" en muchas ocasiones.
En su declaración, esta persona negó tajantemente cualquier vínculo con redes de tráfico de drogas, asegurando que sus ingresos procedían de la intermediación inmobiliaria. También explicó que su relación con otros acusados era profesional y motivada por la actividad inmobiliaria, a la que también vinculaba sus viajes por la Península.
Siguiendo con el informe del fiscal este viernes, la acusación ha considerado que hay "audios reveladores" en los pinchazos telefónicos, que "no dejan lugar a dudas" de que los acusados manejaban un negocio de droga, a pesar de que la mayoría del tiempo utilizaban un lenguaje alternativo para evitar referirse expresamente a sus actividades ilegales.
El representante del Ministerio Público también ha resaltado la sustancia y materiales requisados en los registros domiciliarios, la utilización de Bitcoin -"a menudo refugio de cantidades de dinero no justificadas", ha enfatizado- y la intervención de vehículos con doble fondo para ocultar la droga.
Por todo ello, el fiscal ha considerado que con el juicio ha quedado acreditada la existencia de una estructura jerarquizada, con una "actividad prolongada en el tiempo" que va más allá de "una mera asociación temporal".
Con esto, el macrojuicio queda prácticamente concluido, a falta de escuchar los informes finales de la defensa, dentro de varios días.
El Tribunal ha tenido que superar diversos obstáculos para acoger a todos los afectados en el edificio judicial cumpliendo las medidas por el COVID-19. El juicio se ha llevado a cabo con el uso simultáneo de varias salas, con los abogados en una sala diferente a la de sus defendidos. Esto suscitó quejas entre varios de los letrados.
RAMIFICACIONES INTERNACIONALES
La Fiscalía sostiene en su escrito que los acusados formaban una banda estructurada dedicada al narcotráfico a gran escala, que introducía importantes cantidades de cocaína y hachís en Mallorca. Cabe señalar que ocho de los acusados tienen condenas anteriores por narcotráfico.
Según el fiscal, la agrupación "tenía una gran estabilidad personal y logística" y habría actuado al menos desde septiembre de 2017 hasta noviembre de 2018, año en el que fue desmantelada por una operación policial.
Siguiendo con la versión del Ministerio Público, la banda se dividía en dos ramas: una asentada en la Península -fundamentalmente en Barcelona, Madrid, Sevilla y Valladolid- y otra en Mallorca.
Presuntamente, la rama de la Península se encargaba de traer a España grandes cantidades de droga procedentes de Sudamérica. Esta droga se distribuía en Madrid y Barcelona a menor escala y también se hacía llegar a Mallorca mediante coches con doble fondo o compartimentos ocultos.
La rama de la Península, estaría a su vez dividida en dos sectores que colaboraban entre sí, uno dirigido desde Sevilla y otro desde Barcelona, con una persona encargada de la coordinación entre ambos. Presuntamente, la droga se traía desde Sudamérica mediante 'mulas' u ocultas en contenedores comerciales en buques de carga.
UNA 'SOCIEDAD PANTALLA' EN PERÚ
El fiscal detalla episodios relacionados con una 'sociedad pantalla' en Perú, que supuestamente se dedicaba al transporte de mercancías del sector primario -como madera, pescado o marisco-, pero sin actividad real. Según el fiscal, era una tapadera para el transporte de droga.
En una de sus operaciones planearon introducir la droga a través de un puerto holandés, para lo que uno de los presuntos miembros de la organización se desplazó a Países Bajos para entrevistarse con personal de confianza. La operación fue frustrada cuando se intervino un alijo que iba a ser embarcado en un contenedor desde Perú, en el marco de la 'Operación Empresarios'.
Presuntamente, el grupo intentó llevar a cabo la importación de droga con hasta 15 contenedores con cocaína oculta. La Fiscalía relata que realizaron una prueba enviando un contenedor sin droga para comprobar que no hubiera fallos de diseño en la operación y que el contenedor no llamaba la atención de las autoridades. En 2019 la policía colombiana detectó un envío de la empresa con destino a Bélgica, con 150 kilos de cocaína.
