MÉS-Estimam Palma critica la "falta de valentía" del Gobierno en la Ley de Vivienda y su "retraso" en la aprobación

PALMA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

MÉS-Estimam Palma ha criticado este viernes la "falta de valentía" del Gobierno de España en la Ley estatal de Vivienda y su "retraso" en la aprobación.

Según ha criticado MÉS-Estimam Palma en una nota de prensa, el Gobierno de España ha mostrado "falta de valentía" en la Ley estatal de Vivienda con el "retraso en la aprobación" de la misma, lo que, ha asegurado el partido ecosoberanista, ha provocado la prórroga de la moratoria de los desahucios.

Frente a ello, la regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad del Ayuntamiento, Neus Truyol, el senador autonómico de MÉS per Mallorca, Vicen Vidal, y el coordinador de MÉS-Estimam Palma, Miquel ngel Contreras, han reclamado al Ejecutivo limitar los precios del alquiler o la alternativa habitacional para colectivos vulnerables en riesgo de desahucio, entre otros medidas, para hacer efectivo el derecho a la vivienda y poner límite a la crisis habitacional.

"La Ley estatal de la Vivienda es un paso adelante en el desierto que tenía el Estado, pero no es suficiente", ha asegurado el senador autonómico de MÉS, Vicen Vidal, quien ha recordado que la Ley estatal no hace ninguna mención a la recuperación de los 65.000
millones de euros públicos del rescate a la banca con la crisis del 2017, "un dinero que se podrían usar para ampliar el parque de vivienda pública, en recursos para la regeneración urbana o para la rehabilitación de viviendas".

Además, el senador de MÉS per Mallorca ha lamentado que la Ley estatal no reconoce el derecho subjetivo a la vivienda "como sí hace la Ley autonómica" y que se renuncia a la obligación de establecer unos mínimos en todo el Estado, trasladando el criterio a las comunidades autónomas, tanto para declarar zonas tensionadas como para aplicar rebajas de precios. "Las comunidades gobernadas por el PP, como Galicia, Castilla-León, Madrid, Andalucía y Murcia ya se han declarado insumisas a esta ley", ha recordado.

En este sentido, la regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad del Ayuntamiento y portavoz municipal de MÉS-Estimam Palma, Neus Truyol, ha apuntado que, a pesar de que las competencias en vivienda son de las comunidades "es necesario que el Gobierno regule los precios del alquiler en todo el Estado para garantizar unas bases económicas hacia un bien de primera necesidad como
la vivienda".

Asimismo, Truyol ha recordado que "Palma vive una situación de emergencia habitacional", con una media de precio de 12 euros el metro cuadrado al mes, incrementos continuos de precio, con barrios donde ya se destina más del 50% de la renta familiar al alquiler sumado a unas rentas relativamente bajas, "por culpa del mercado laboral precario del modelo turismo-construcción". "Congelar los precios no es útil ni para Baleares ni para Palma, hace falta limitar ya el precio de los alquileres, no se puede esperar dos años, así como declarar todo el territorio insular como zona tensionada".

Por otro lado, la portavoz municipal de los ecosoberanistas en Palma, ha reclamado también eliminar las finanzas "abusivas" y repercutir los honorarios de inmobiliarias y administradores de la propiedad siempre en la parte arrendadora, "puesto que supone otra
barrera para familias sin ahorros". Además, ha pedido ampliar el parque de vivienda pública de las comunidades en la misma línea de la financiación estatal que también ha reclamado el senador Vidal.

Además, Truyol ha recordado que la Ley estatal no prohíbe el desahucio de personas vulnerables sin alternativa habitacional, ni obliga a grandes tenedores a ofrecer alquiler social previo a un desahucio. "Necesitamos que haya alternativa habitacional en caso de colectivos vulnerables. Los ayuntamientos no podemos garantizarlo.
No tenemos vivienda o alojamiento público con suficiente volumen como para dar respuesta", ha destacado.

Al respecto, la regidora ha recordado que en el año 2015 MÉS creó en Palma la Oficina antidesahucio. "Un referente de buena práctica a nivel estatal", ha asegurado, a la vez que ha opinado que "el Estado también tendría que financiar estos servicios territorializados para acompañar y asesorar a quién lo necesite o a quienes esté en peligro de perder su casa". "La Oficina y los servicios sociales están desbordados y no pueden asumir los informes de vulnerabilidad solicitados por los juzgados", ha reivindicado.

Finalmente, y en relación a las necesidades de los colectivos más vulnerables, Truyol ha censurado que la Ley estatal no les garantiza suministros básicos y vuelve a dejar en manos de los ayuntamientos y sus presupuestos las ayudas económicas para hacer frente a facturas, "a la vez que no prevé ninguna medida para personas sin hogar ni establece ningún tipo de régimen sancionador ante incumplimientos".