PALMA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de Més per Menorca en el Parlament, Josep Castells, ha considerado que el "veto" del Gobierno a la ley de cogestión aeroportuaria aprobada por el Parlament es "una muestra de colonialismo de estado".
Este asunto, conocido este viernes, ha sido uno de los temas que el menorquinista ha abordado con la presidenta del Govern, Marga Prohens, en la reunión que han mantenido esta tarde para dar inicio al nuevo curso político.
El Gobierno se ha opuesto la tramitación de la ley de cogestión aeroportuaria en el Congreso argumentando que supondría una reducción de los ingresos de Aena que se tendría que compensar con financiación de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible.
Lo ha hecho en un escrito que, para Castells, es "una muestra de colonialismo de estado". "No quieren que Baleares pueda decidir porque eso les hace ganar mucho dinero", ha expresado en la rueda de prensa posterior a su encuentro con la líder regional.
Otra de las cuestiones que han tratado ha sido la necesidad de adoptar medidas para hacer frente a los efectos de la masificación turística, "la madre de todos los problemas de Baleares".
"Por sí sola es un problema, pero otros problemas son derivados , como el deterioro del medio natural, la falta de agua, la vivienda o los servicios públicos. Le he trasladado mi disgusto porque no solo no toman medidas, sino que sus políticas empeoran el problema", ha incidido.
El menorquinista, en esa línea, ha considerado que el decrecimiento debería ser "una prioridad nacional" y ha puesto sobre la mesa su propuesta de incrementar el impuesto de turismo sostenible (ITS). La intención de Més per Menorca es elevarlo hasta un 11% de la factura del turista, lo que ha calculado que reportaría unos beneficios de 800 millones de euros para las arcas autonómicas.
También ha considerado que sería de una "gran frivolidad" que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía conocimiento de informes policiales alertando de la llegada de migrantes a las costas de Baleares no lo comunicara al Ejecutivo autonómico.
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