MÉS per Palma señala que el PP boicotea el proceso de regularización de migrantes y acusa a Martínez de racista

PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha considerado que el alcalde, Jaime Martínez, y el PP están llevando a cabo un "boicot" frente al proceso de regularización de migrantes y les ha acusado de practicar "racismo institucional" por "dificultar" los trámites.

Así se han pronunciado después de que trabajadores de servicios sociales del Ayuntamiento de Palma hayan asegurado que han recibido "instrucciones políticas" para no reforzar el servicio ante el incremento de demandas de certificados de vulnerabilidad social, documento imprescindible para iniciar los trámites en el proceso de regularización extraordinario de migrantes.

La formación ha advertido de que esta decisión afectará al funcionamiento del servicio ordinario y contradice la propuesta del equipo técnico de la oficina, que, según MÉS, había planteado reforzar el servicio ante el incremento de la afluencia.

A su juicio, esta situación responde a una "estrategia política" para dificultar la vida de las personas migrantes e impedir que regularicen su situación. "Cuando quienes sostienen el sistema denuncian que se están vulnerando derechos y el gobierno no actúa, esto tiene un nombre: racismo institucional", ha asegurado el regidor de la formación Miquel Àngel Contreras.

En esta línea, han señalado que tanto el alcalde de Palma, como la presidenta del Govern, Marga Prohens, "atacan constantemente a las personas migrantes con discursos xenófobos" y han sostenido que generan saturación y caos para, posteriormente, justificar recortes de derechos.

Asimismo, han acusado a Martínez de estar "compitiendo con la extrema derecha" en lugar de gobernar, en lo que consideran una deriva "peligrosa e indigna" para la ciudad.

Finalmente, MÉS per Palma ha exigido una rectificación inmediata, el refuerzo urgente de la OAC Social y el respeto a los derechos de todas las personas. "No se puede gobernar con prejuicios ni con cálculos electorales, Palma tiene que ser una ciudad de derechos, no una ciudad que expulsa", ha concluido Contreras.