Pide el archivo de su imputación en el caso Son Oms
PALMA DE MALLORCA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
La expresidenta del Parlament balear y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar ha puesto de manifiesto ante la Audiencia Provincial de Baleares que no hay "ningún hecho objetivo" que acredite que intervino en la recalificación del polígono palmesano de Son Oms y que cobrara comisiones a cambio, por lo que ha solicitado el archivo de su imputación en la causa impulsada hace más de seis años por estas presuntas irregularidades.
La imputada, quien cumple condena en la cárcel desde el 24 de julio de 2013 por otros dos casos de corrupción, ha interpuesto un recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, contra el auto con el que el juez Antoni Rotger ha puesto fin a la instrucción de las pesquisas en torno a Son Oms y ha decretado que continúe el proceso penal contra el exconseller insular de Territorio Bartomeu Vicens, el también expresidente de la Cámara autonómica Maximilià Morales y la propia Munar.
En concreto, en su resolución, previa a la apertura de juicio oral, el magistrado sostiene que en el marco de estas actuaciones pudieron cometerse delitos de blanqueo de capitales, prevaricación, tráfico de influencias y cohecho.
La que fuera dirigente histórica de la extinta Unió Mallorquina (UM) alega en su recurso que estos hechos ya fueron objeto de otros tres procedimientos penales, "siendo una realidad", señala la defensa de Munar, que en ellos "nunca se llamó como investigada a mi representada, ni se procedió en su momento a formular acusación contra ella, ni por lo tanto fue condenada", como sí lo fueron tanto Vicens como el exvicepresidente del Consell Miquel Nadal.
"Es evidente que su actuación sólo hubiera podido ser investigada en aquéllos, siendo una realidad que los plazos para reaperturar la causa y formular acusación han precluído", asevera en su recurso el letrado de Munar, el conocido penalista José Antonio Choclán, quien ejerce su defensa desde mediados de 2013.
Durante su declaración en fase de instrucción, la exdirigente 'uemita' ya negó haber cobrado hasta 450.000 euros en comisiones por la transformación de los terrenos próximos al aeropuerto de Palma de rústico a urbanizable, rebatiendo de este modo las acusaciones efectuadas por Vicens, quien manifestó que a raíz de la recalificación se hizo un reparto de cinco lotes en comisiones, de los que se beneficiaron tanto Munar como él, así como Morales, el abogado Jaime Montis -ya fallecido- y la viuda del letrado Francisco Truyols.
En su recurso, de trece páginas, Munar refuta asimismo las afirmaciones que la Fiscalía Anticorrupción vertió a la hora de solicitar la conclusión de las pesquisas, y que apuntaban a que la expresidenta "no fue ajena a esta operación y cooperó en ella junto a Morales y Vicens. Así, a los propietarios de los terrenos se les hizo saber que ella participaba en el entramado de gestiones al tiempo que compartía despacho y dependencias con Morales".
La defensa de Munar se muestra tajante al subrayar que este hecho "no está ni indiciariamente acreditado por ningún hecho objetivo, siendo incierto absolutamente" que se comunicara a los propietarios tal circunstancia. "El párrafo transcrito sólo tiene como finalidad incorporar a Maria Antònia Munar al elenco de imputados sin soporte objetivo alguno", remacha.
OPERACIÓN APROBADA EN 1999
En concreto, la operación urbanística fue aprobada en 1999 y comenzó a ser investigada hace más de seis años después de que el propietario de una de las fincas de Son Oms, Ángel Ochando, denunciara ante la Fiscalía que Vicens y el expresidente y Morales le exigieron el 15 por ciento por la recalificación. Unos hechos que ratificó en junio del año pasado en la última declaración que prestó ante el juez en la que fue en una de las últimas diligencias practicadas en el marco de esta causa.
Tras ello, el Ministerio Público interpuso una querella contra Vicens, Morales y Montis e iniciaba de este modo unas pesquisas dirigidas a esclarecer si se cometieron con la recalificación delitos de alcance millonario.
Según el auto ahora recurrido, Morales y Vicens se dirigieron a los propietarios de las fincas para manifestarles que con sus gestiones serían capaces de influir en las autoridades administrativas para conseguir la recalificación urbanística de los terrenos, a cambio de lo cual exigieron a todos ellos la cesión del 15 por ciento de las distintas parcelas una vez que éstas hubiesen sido recalificadas -con el consiguiente aumento de su valor-.
Así, en febrero de 1999 el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) recalificó los solares, que pasaron a ser suelo urbano de aprovechamiento industrial, y en abril los propietarios de las mayores fincas firmaron ante notario un contrato público de compraventa por el que se enajenaba el 15 por ciento de sus terrenos a favor de la Gestora de Desarrollo Son Oms.
Una sociedad que, según el juez, fue constituida por Montis -en connivencia con Vicens y Morales- "expresamente para recibir las tierras comprometidas a cambio de la recalificación". Con la creación de esta mercantil, añade el auto, se ocultaba así la procedencia y el origen de dicho activo patrimonial que "en realidad obedecía o bien a la ilícita contraprestación por haber conseguido de la administración una decisión urbanística, o bien al producto del engaño en el que sumieron a los propietarios".
INCREMENTO DE LAS POSIBILIDADES EDIFICATORIAS
La resolución señala cómo en mayo de 2004 Vicens intervino como presidente de la Comisión Insular de Ordenación del Territorio para que se aprobase una modificación de las normas urbanísticas de Palma, que posibilitaba un desmesurado incremento de las posibilidades edificatorias de los polígonos industriales y era, según el magistrado, "groseramente contraria a la legalidad vigente".
En su auto, el juez subraya que esta aprobación permitió un incremento patrimonial de los solares de la Gestora de Desarrollo Son Oms superior a los cinco millones de euros. Tras ello, concluye, Montis distribuyó finalmente los beneficios obtenidos "a los partícipes ocultos bajo la sociedad unipersonal que controlaba. A unas personas les retribuyó en efectivo (Munar y Vicens) y a otros con lotes de terrenos simulando realizar compraventas (Morales).
Recientemente, Munar alcanzó por primera vez un pacto con la Fiscalía tras admitir haber auspiciado el desvío de 200.000 euros públicos -que ya devolvió junto al resto de la excúpula de UM- mediante la contratación, con fondos del Consell, de una treintena de trabajadores que en realidad se dedicaban a realizar labores particulares y buscar votos a favor del partido 'uemita'.
