Actualizado: martes, 20 julio 2010 14:57

PALMA DE MALLORCA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno extraordinario del Parlament ha aprobado por unanimidad este martes el Proyecto de Ley del Sector Público Instrumental, con el que se pretende ejercer un mayor control de las empresas y organismos públicos para impedir la aparición de casos de corrupción, para lo que se potenciarán los controles de cara a que se produzcan abusos de poder o desvíos de fondos para intereses privados, a la vez que se mantiene la operatividad y agilidad de este sector.

Durante la sesión, se rechazaron cuatro enmiendas del PP que este partido mantenía, a pesar de haber alcanzado un acuerdo, durante el trámite parlamentario, en las 80 restantes presentadas por los partidos de la oposición. Las diferentes formaciones que intervinieron en el pleno hicieron hincapié en que se trata "no de la ley del Govern, sino del conjunto de fuerzas políticas baleares", ha señalado el socialista Josep Maria Costa.

No obstante, el portavoz de UM y miembro del Grupo Mixto, Josep Melià, ha destacado el "riesgo" de que se convierta a las empresas públicas en una "administración normal", restándoles, de esta forma, agilidad y ha reconocido tener un "gusto agridulce" porque, según él, se han introducido enmiendas que "crean dudas". No obstante, ha justificado su apoyo al Proyecto de Ley en que "políticamente era necesario el consenso".

El parlamentario del Bloc, Eduard Riudavets, ha subrayado que haber aprobado esta normativa no supone que vaya a ser imposible el derroche en el sector público -en el que ha tenido lugar la mayor parte de los presuntos casos de corrupción aparecidos durante esta legislatura- pero sí que será "más difícil". Además, ha incidido en que esta fórmula supondrá el establecimiento de controles que, hasta ahora, no existían, a la vez que "se mantiene la operatividad" en las empresas públicas.

Esta normativa supone la actualización de la ley autonómica del sector público, que data de 1989, y tiene como principal objetivo regular todos los aspectos de su régimen jurídico para sistematizar y dar soluciones a los problemas de "huída" de los controles públicos.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)