El Parlament defiende ante el TC que la derogación de la ley de memoria no desprotege a las víctimas

   PALMA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El Parlament ha solicitado al Tribunal Constitucional (TC) el levantamiento de la suspensión de la derogación de la ley de memoria democrática al considerar que no existen perjuicios derivados de aquella decisión e insistiendo en que ni se está desprotegiendo a las víctimas ni se han paralizado las exhumaciones.

   En un reciente escrito de alegaciones que firma el letrado oficial mayor de la Cámara, la institución rechaza el mantenimiento de la medida cautelar, activada automáticamente después de que el Gobierno central invocara en un recurso el artículo 161.2 de la Constitución, que permite la impugnación de disposiciones y resoluciones de las Comunidades Autónomas en base a, según doctrina, perjuicios de imposible o difícil reparación.

   Cree la Cámara autonómica, sin embargo, que no hay perjuicios que justifiquen mantener congelada la suspensión de la derogación mientras el TC resuelve el fondo del asunto y que por tanto la derogación, aprobada el pasado 24 de marzo a propuesta de Vox y con el voto favorable del PP debe seguir en vigor.

   Sostiene el órgano que preside Gabriel Le Senne (Vox) que la suspensión cautelar de una ley debe ser una excepción, puesto que las normas aprobadas por los parlamentos disfrutan de la presunción de legitimidad.

   El Parlament argumenta que mantener la suspensión supone un daño directo a la potestad legislativa de Baleares, ya que la medida obliga a mantener en vigor una ley que la Cámara balear ha decidido derogar legítimamente en el ejercicio de su libertad de configuración política y de su autonomía.

   Para el Parlament, la suspensión cautelar "no es neutra" ya que "produce un perjuicio actual y efectivo al interés público autonómico y a la eficacia de la potestad legislativa, al impedir que despliegue efectos una norma aprobada por el Parlament que expresa una opción de política legislativa legítima dentro del margen de configuración del legislador autonómico, incluido el de modificar y derogar sus propias leyes".

   Añade la Cámara autonómica en su escrito que la afectación institucional es especialmente relevante "cuando el mantenimiento cautelar implica, en la práctica, la supervivencia provisional de una ley expresamente derogada por el legislador autonómico, con la consecuencia de mantener cautelarmente un estado normativo que el Parlamento ha decidido sustituir, y todo ello sin que se hayan acreditado perjuicios concretos de imposible o difícil reparación que justifiquen una medida tan intensa".

NO EXISTEN DAÑOS IRREPARABLES

   A grandes rasgos, la Cámara autonómica argumenta que no existen daños irreparables o de difícil reparación y que la Abogacía del Estado se limitó a solicitar la suspensión automática sin probar daños reales o irreparables.

   "Ni existe una coincidencia literal o de intensa similitud con normas ya declaradas inconstitucionales y nulas; ni se ha demostrado un bloqueo de una competencia estatal incontrovertida; ni se suscita una circunstancia de relieve constitucional que haga indispensable la prolongación de la medida cautelar", apunta el escrito.

   El Parlament asegura, por otra parte, que no se ha acreditado ni una paralización de la protección de las víctimas, ni que la derogación deje "huérfana de regulación" la memoria democrática. Insiste en este punto en que la propia disposición transitoria de la derogación de la ley de memoria excluye expresamente de cualquier decaimiento a los procesos de exhumación.

   De este modo, insiste la Cámara, la localización, identificación de víctimas y la protección de fosas continúan garantizadas y protegidas, por lo que no existe desprotección en la materia más sensible para los familiares.

LA DEROGACIÓN NO DESPROTEGE A LAS VÍCTIMAS

   En esta línea, para la Cámara, alzar la suspensión y, por tanto, mantener la derogación en vigor no deja desprotegidas a las víctimas ni invalida las competencias en la materia, ya que permanecen vigentes la ley estatal y la ley autonómica de fosas.

   "No cabe afirmar de forma abstracta que el alzamiento de la suspensión provoque una paralización irreversible de las actuaciones de exhumación ni de la protección de fosas", añaden.

   Para mantener la suspensión, continúa la Cámara, tendría que individualizarse un daño real y actual que resultara, extremo que corresponde al Gobierno, que es quien ha presentado el recurso.

   De la misma manera, considera el Parlament que con la derogación no se han modificado los contenidos curriculares básicos fijados por el Estado en materia educativa.

CINCO MESES DE LA DEROGACIÓN

   El próximo 24 de marzo se cumplirán cinco meses desde que el Parlament derogara, a propuesta de Vox y con el voto a favor del PP, la derogación de la ley democrática de Baleares y, dentro de este plazo, el Tribunal Constitucional ha pedido a las abogacías del Estado y la Comunidad Autónoma y al letrado mayor del Parlament que expongan lo que consideren conveniente en relación a la derogación tras el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno.

   Cabe recordar que el pasado 7 de julio la derogación quedó suspendida después de que el pleno del TC admitiera a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central.

   La suspensión de la vigencia y aplicación se da desde el 9 de junio, que es la fecha de interposición del recurso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el BOE.