PALMA 22 May. (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha reclamado al Govern que garantice una ayuda económica temporal a los jóvenes extutelados mientras se tramita su solicitud de Ingreso Mínimo Vital, para asegurar que "cubren sus necesidades básicas y se favorece su inclusión social".
Este es uno de los puntos recogidos en la proposición no de ley (PNL) aprobada este jueves en la Comisión de Asuntos Sociales del Parlament, que ha sido presentada por el PSIB y ha defendido el diputado Omar Lamín.
En ella se recoge que el Parlament constata un aumento del número de jóvenes extutelados en espera de una plaza del servicio de vivienda de la Red de Emancipación, que actualmente asciende a 52 personas.
Por este motivo, la Cámara autonómica corrobora que hay una necesidad de incrementar las plazas del servicio de vivienda mediante la concertación social con las entidades que conforman la Federación de Entidades de Atención a la Infancia y en la Adolescencia Balear (Feiab).
Asimismo, el Parlament insta el Govern a convocar de forma urgente la Comisión Técnica de Derivación y Evaluación, donde participan el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y la Conselleria de Familias y Asuntos Sociales.
El objetivo de este encuentro sería resolver la situación de los jóvenes que salen del sistema de protección y no disponen de un recurso donde residir para continuar su transición en la vida adulta, tal y como reclaman las entidades de la Feiab.
Al mismo tiempo, se insta al Govern a elaborar el III Plan Estratégico de Autonomía Personal de las Personas Jóvenes Extuteladas de Baleares de forma coordinada con las entidades de la Feiab.
MEJORA DE CONDICIONES DE LOS EMPLEADOS DE CENTROS DE JUSTICIA JUVENIL
Por otro lado, la misma comisión ha dado luz verde a otra PNL, presentada por el PP y defendida por el diputado Pedro M. Álvarez, en la que se condenaba el asesinato de una educadora social ocurrido el pasado 10 de marzo en Badajoz y se manifestaba su solidaridad con estos empleados que trabajan con jóvenes con medidas judiciales de régimen abierto.
Del mismo modo, el Parlament ha instado a la Conselleria de Familias y Asuntos Sociales a mejorar las condiciones de seguridad y salud laboral de los trabajadores de los centros de justicia juvenil y del conjunto de profesionales de régimen abierto.
Esto se haría mediante el refuerzo de evaluaciones continuas de los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo y al garantizar, a la vez, una protección efectiva, estabilidad laboral y una dotación adecuada de recursos humanos y materiales.
Igualmente, se solicita a la Conselleria que evalúe todas las reclamaciones de los profesionales de medio abierto para implementar mejoras de los servicios de justicia juvenil.
El Parlament de Baleares también insta a la Conselleria a impulsar un plan específico para el reconocimiento profesional de los educadores sociales que incluya medidas como el refuerzo de la formación continua, promoción profesional y estabilización de plazas.
Además, se reclama a la Conselleria que haga efectivo el cumplimiento del acuerdo de mejora de las condiciones socioeconómicas del conjunto de los profesionales de los servicios de justicia juvenil subscrito con los representantes sindicales del sector, para adoptar las medidas presupuestarias necesarias para su aplicación lo mejor posible, al asumir los compromisos de pago atrasados.
Ambas iniciativas han quedado aprobadas por unanimidad, aunque la PNL del PP ha recibido distintas enmiendas por parte del PSIB.