El Parlament pide que el tercer sector pueda beneficiarse de subvenciones para organizar escuelas de verano

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament solicitará al Govern que incorpore a las entidades del tercer sector como posibles beneficiarios de la convocatoria de subvenciones para la organización de actividades escolares durante el verano.

Este es uno de los puntos que incluía una proposición no de ley (PNL) presentada este jueves por MÉS per Mallorca y defendida por la diputada Marta Carrió en la Comisión de Asuntos Sociales, que ha obtenido el apoyo de todos los partidos políticos excepto Vox.

La iniciativa también pedía al Govern que desarrolle la convocatoria de subvenciones con "más antelación", de forma que antes del inicio de las actividades se conozca la financiación recibida para facilitar la presentación de las AFAS. Este punto se ha aprobado por unanimidad.

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS EDUCADORES DE JUSTICIA JUVENIL

En la misma comisión se ha debatido otra PNL defendida por el diputado de Vox Sergio Rodríguez sobre la situación laboral de los educadores que trabajan con menores que cumplen alguna medida de justicia, que ha quedado aprobada parcialmente.

Uno de los puntos pasaba por solicitar a la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia que hiciera efectivo, de forma inmediata, el cumplimiento del acuerdo de mejora de las condiciones de estos profesionales y que garantizase el reconocimiento profesional de los educadores, al incorporarlos a los órganos de negociación y planificación de la política de justicia juvenil.

También se pedía al Govern que asignara de forma "urgente" un espacio "digno, adecuado y seguro" en el municipio de Inca, para el desempeño de las funciones de los educadores del equipo de ejecución de medidas judiciales.

Asimismo, se reclamaba garantizar la seguridad laboral y personal de los profesionales de justicia juvenil mediante medidas preventivas, apoyo psicológico y formación en gestión de situaciones de riesgo, junto con buscar un espacio "más adecuado y seguro" que sustituya las actuales dependencias de Inca, para que los profesionales puedan "desarrollar su tarea con plenas garantías".

Al mismo tiempo, el Parlament pide al Govern la "cobertura inmediata" de las bajas del personal de los servicios de justicia juvenil, con el objetivo de "asegurar la continuidad, la estabilidad y la calidad de la atención y de los programas socioeducativos que se desarrollan". Todos estos puntos han quedado aprobados por unanimidad.

El otro de los puntos que ha recibido luz verde es el que tiene que ver con el restablecimiento del régimen de disponibilidad horaria previa --de 07.30 a 20.00 horas de lunes a viernes--, que permitía "una mayor eficacia y adaptabilidad en la intervención con menores y familias". Aquí han votado a favor Rodríguez y el diputado no adscrito Agustín Buades, mientras que el resto de partidos se han abstenido.

Un punto de esta PNL tendrá que ser debatido en el Pleno del Parlament, puesto que ha quedado en empate por los votos a favor de Vox y en contra de Buades --el resto de partidos se han abstenido--.

En este caso se pedía al Govern que informara formalmente al Juzgado y la Fiscalía de Menores de la situación actual, dada su "repercusión directa" en la correcta ejecución de las resoluciones judiciales, así como en la protección de los derechos de los menores infractores y de los profesionales responsables de su seguimiento.

Los otros puntos de la moción han quedado rechazados, entre los que se encontraba una solicitud de implantar medidas de seguridad física permanentes a las sedes del ParcBit de Inca y de la Dirección General de Justicia Juvenil a Palma, con personal de vigilancia cualificado, sistemas de alarma y mecanismos de protección ante posibles incidentes.

Al mismo tiempo, se planteaba al Govern que cesara de forma inmediata la asignación de funciones "impropias" a los educadores, como por ejemplo la representación institucional o el acompañamiento de menores sin cobertura legal o que se hiciera una evaluación integral de las condiciones laborales, organizativas y de seguridad de todos los equipos de ejecución de medidas judiciales en el conjunto de Baleares.