La oposición logra forzar a la Cámara a tramitar el proyecto de ley con los votos de tres diputados tras un enfrentamiento con el presidente por la emisión de los votos
PALMA DE MALLORCA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlament ha validado este martes, con los votos de los partidos del Govern y el PI, el decreto de medidas urgentes de reactivación económica ante la crisis del coronavirus (COVID-19), que incluye entre otras medidas la ampliación de hoteles hasta un 15 por ciento mediante declaración responsable. El decreto se tramitará como proyecto de ley.
PP, Vox y MÉS per Menorca han votado en contra de la validación del decreto, mientras que Cs se ha abstenido. Esto ha dado un resultado de 32 votos a favor y 22 en contra, un apoyo inferior al de anteriores decretos del Govern, que salieron validados por unanimidad a pesar de que hubiese críticas por parte de la oposición.
Además, la oposición ha logrado forzar a la Cámara a tramitar el decreto como proyecto de ley, con los votos de PP, PI, Cs, Vox y MÉS per Menorca. Esto les permitirá realizar aportaciones y promover cambios de aspectos concretos del texto. Hasta ahora, el pleno no había aceptado esta posibilidad para ninguno de los decretos impulsados durante la crisis.
La tramitación como proyecto de ley se ha aprobado después de que la Mesa decidiera que tres diputados que habían emitido su voto telemático fuera de plazo podían votar presencialmente. Se trata de Patricia Guasp, de Cs, y Jorge Campos e Idoia Ribas, de Vox. Sus votos han sido decisivos puesto que el resultado han sido 32 votos favor y 29 en contra.
Al principio, el presidente del Parlament les ha ordenado abandonar la Sala y se han negado. Esto ha derivado en un enfrentamiento entre la oposición y el presidente, y se ha suspendido la sesión hasta que la Mesa decidiera cómo proceder.
Igualmente, cabe señalar que la Mesa ha rechazado recabar un informe del Consell Consultiu sobre la legalidad del decreto, como pedía MÉS per Menorca.
IMPACTO DE 3.500 MILLONES
El Govern calcula que las medidas de este decreto tendrán un impacto de 3.500 millones de euros sobre la economía de las Islas, y la movilización de 31.089 puestos de trabajo.
El decreto incluye, entre otras medidas, la agilización de diversos trámites administrativos, permisos de construcción y la concesión de ayudas, a través de declaraciones responsables por parte del solicitante; los hoteles obsoletos podrán cambiar su uso para ser convertidos en viviendas de protección oficial, dando de baja plazas turísticas; se atrasa la entrada en vigor de la prohibición de plásticos de un solo uso aprobada en la Ley de Residuos; y se prohíbe iniciar nueva actividad turística en viviendas unifamiliares de Palma hasta el final de 2021.
El vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes, ha declarado que este decreto servirá para "sentar los cimientos que aseguren desde ya" la "transformación de la estructura productiva balear como no se veía otra desde hace 70 años", si bien sin "olvidar" que es el turismo la primera fuente de ingresos actual.
El vicepresidente ha insistido en el carácter temporal de varias de las medidas incluidas y ha defendido que "no se eliminan trámites" sino que "se aceleran".
Yllanes ha hecho especial hincapié en las medidas de transición energética y ha anunciado que se reformará el plan director sectorial de energía para añadir requisitos de niveles mínimos de exigencia de rendimiento energético de paneles fotovoltaicos. También, que se obligará a instalar barreras vegetales alrededor de los parques y se introducirá la posibilidad de compensaciones de terreno o árboles desarraigados.
Igualmente, ha informado de que se encuentran en proceso de adjudicación 40 millones de euros de una línea de ayudas del IDAE para la implantación de parques fotovoltaicos en Baleares, lo que estima que impulsará 190 millones de euros de inversión privada, más una previsión para el próximo año de otros 20 millones de ayudas "como resorte para 100 millones más en inversión privada".
También ha remarcado que la prohibición de los plásticos de un solo uso entrará en vigor el 1 de julio de 2021, y que se aplaza para permitir que las empresas gasten el 'stock' al que no han podido dar salida durante el parón económico.
Igualmente, ha querido "subrayar con rotulador para que nadie tenga pesadillas en balde" que se fomenta el cambio de uso de las instalaciones turísticas obsoletas, y que las ampliaciones hoteleras se harán "siempre con la premisa de que no se aumente ni una sola plaza turística" y "ni un solo centímetro la altura edificada".
CRÍTICAS DE MÉS PER MENORCA
En el turno de intervención de los grupos, ha sido especialmente destacada la del portavoz de MÉS per Menorca, Josep Castells. "Ustedes tenían la urgencia de aprobar el decreto en una determinada fecha, que ni se molestaron en negociarlo con sus aliados naturales, definición en la cual me creía incluido", ha dicho.
En este sentido, Castells ha protestado por que no se les "mostrara el decreto antes de aprobarlo" y se les pida "decir amén a lo que a ustedes les ha dado la gana poner en el decreto". "Somos un grupo pequeño, pero no nos tienen que atropellar", ha denunciado. MÉS per Menorca se opone a varios aspectos del texto, entre ellos, lo que respecta al impuesto de turismo sostenible, por entender que se altera su carácter finalista.
Desde el PP, el diputado Antoni Costa ha cuestionado la vinculación al COVID-19 de varias de las medidas, con un "cúmulo de modificaciones normativas que nada tienen que ver", y ha denunciado el "ninguneo sistemático a la Cámara" por parte del Govern.
Por parte de Vox, Sergio Rodríguez ha comparecido colocando sobre el atril una voluminosa pila de papeles, explicando que "son las leyes y decretos que el Govern pretende modificar" con un solo decreto. Según Rodríguez, el texto debatido este martes "es un monstruo de mil cabezas".
El PI, a pesar de votar a favor del decreto, ha expresado su disconformidad con varios de los puntos y con el "abuso" de la figura del decreto para estas modificaciones. El diputado Josep Meli ha recordado que la Ley Urbanística la impulsó el Govern progresista la legislatura pasada y ha considerado que el decreto deja "vacíos normativos".
En cuanto a Cs, el portavoz Marc Pérez-Ribas ha explicado que no podían votar a favor ni en contra y ha expresado su deseo de mejorar el texto. "Queremos que no tenga propuestas vacías de contenido", ha dicho el diputado, que ha coincidido con el resto de la oposición en que el decreto es "un cajón de sastre", y en que "no se ha consensuado con el sector".
PODEMOS RECONOCE QUE PUEDE HABER "ARTÍCULOS QUE GUSTEN MÁS O MENOS"
Cabe recordar que el decreto ha generado debate incluso en partidos que forman el Govern. Desde Unidas Podemos, el portavoz, Alejandro López, ha reconocido que el texto puede contener "artículos que gusten más o que gusten menos", y ha señalado que aunque "no es la solución definitiva", "sí que es una muy buena herramienta". "Hemos sabido ceder en algunas cuestiones buscando el bien de la gente en su conjunto, sin pensar en qué partido han votado", ha dicho.
Por su parte, el portavoz de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha subrayado la necesidad de "no esperar a que venga el Estado a echar una mano, no sea cosa que ocurra como con el material sanitario". A continuación, ha señalado que este decreto de reactivación económica va precisamente en esa línea. "La crisis nos ha cogido sin los deberes hechos en diversificación económica", ha declarado.
Finalmente, la diputada del PSIB Mercedes Garrido ha pedido "unidad de acción" y "pensar en los trabajadores", y ha afirmado que en su grupo se sienten "comodísimos" con el decreto y el "consenso social" con los agentes económicos.
