Archivo - Exterior del Tribunal Constitucional. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo
PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Tribunal Constitucional debate el próximo martes si admite a trámite el recurso impulsado por los partidos de izquierdas y otras entidades de Baleares contra el decreto de la de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante proyectos residenciales estratégicos.
Cabe recordar que a mediados del mes pasado los partidos progresistas y organizaciones sociales del archipiélago presentaron este recurso al tribunal de garantías por representar una "amenaza territorial" y saltarse los "planeamientos urbanísticos municipales".
El recurso lo firman diputados de PSOE, Sumar MÉS y Podemos en el Congreso a instancias de PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos, junto con miembros del GOB, CCOO, Fòrum de la Societat Civil y la Obra Cultural Balear (OCB).
La norma permite, entre otras cuestiones la construcción de casas en suelo rústico "sin dotación de servicios previos" en municipios de más de 20.000 habitantes, así como en suelo urbano y urbanizable de más de 10.000 habitantes.
Los impulsores consideran que estos proyectos urbanísticos "pueden modificar" las condiciones establecidas a los planeamientos municipales vigentes, "incrementan la densidad residencial máxima prevista" en el planeamiento vigente y pueden tener "un mayor coeficiente de edificabilidad".
"Esto puede implicar que se ignoren necesidades de proveer aparcamiento, dotaciones de abastecimiento y otros aspectos básicos en el urbanismo", han subrayado.
El recurso trata de parar la implantación de esta normativa al considerar que supone una "desregulación urbanística y territorial", con "amnistías masivas" a los infractores y promueve los procesos de "especulación".
Otro de los argumentos que dan es la "desigualdad jurídica" que genera al otorgar derechos mediante la vía del "silencio administrativo", lo que, a su parecer, "incumple" leyes estatales.
Asimismo, la ley les plantea dudas en lo que se refiere a los crecimientos en suelo rústico sin agotar los suelos urbanizables, ya que iría en contra de la "sostenibilidad ambiental" que está recogida en la Constitución y "conduce a la especulación" con el suelo.
Los firmantes del recurso entienden que la legislación balear "vulnera" el principio de seguridad jurídica y "altera" la jerarquía normativa al aprovechar los mecanismos de decreto y el régimen de excepción para modificar "repentinamente" los planeamientos urbanísticos y el suelo rústico.
También advierten que afecta la autonomía municipal e insular, en cuanto que "impone" mecanismos que "desdibujan" la competencia de consistorios y Consells en favor de "intervenciones externas y proyectos estratégicos decididos al nivel autonómico".