Policía calcula que el agente detenido llevaba "más de dos años seguro" alquilando trasteros como vivienda a migrantes

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El inspector jefe Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, Chema Manso. - EUROPA PRESS
Publicado: viernes, 24 noviembre 2023 12:57

El inspector jefe ve "imposible" cifrar las víctimas exactas que han pasado por los habitáculos, que actualmente calcula en alrededor de 50

PALMA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Palma ha calculado que el agente de Policía Local detenido por alquilar trasteros como vivienda de forma fraudulenta a migrantes llevaba, al menos, "más de dos años seguro" cometiendo los hechos, y ha matizado que es "imposible" calcular el número exacto de víctimas que han ido pasando por ahí, pero que en la actualidad rondan las 50 o 60.

Así lo ha explicado el inspector jefe Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, Chema Manso, este viernes en declaraciones a los medios.

En primer lugar, ha detallado que la investigación se inició a raíz de otra investigación previa de Policía Local de Palma sobre un funcionario del cuerpo y, como consecuencia de las irregularidades que observaron, se puso en conocimiento de la Conselleria de Vivienda, que presentó después denuncia en Policía Nacional por temas relacionados con extranjería.

La mencionada denuncia llegó "hace unos meses" y a partir de la misma los investigadores empezaron a tomar declaración a algunas de las personas que vivían en estos lugares.

"No era fácil entrevistarlos porque la mayoría están en situación de estancia irregular y no querían colaborar. Al final, más o menos, hemos ido convenciendo a unos cuantos para que declaren y colaboren, y eso es lo que hemos hecho, tomar declaración a muchas personas, incluida alguna asociación de migrantes, que han prestado declaración y han facilitado la investigación", ha manifestado el inspector.

Preguntado por el 'modus operandi' del detenido, Manso ha indicado que lo que hizo fue "un montón de microviviendas, algunas de ocho o nueve metros cuadrados, y alquilarlas". El agente arrestado, ha añadido, tenía contacto con personas migrantes especialmente y otras con muy pocos recursos, a quienes arrendaba las habitaciones, "por llamarlo de alguna forma", a un precio medio de 400 o 500 euros.

Con todo, sobre el número de víctimas, ha insistido en que el exacto es "imposible de saber", porque por ahí han estado pasando muchas personas, pero ahora mismo, según ha calculado, habrá unos 50 o 60 afectados.

El inspector jefe ha considerado que los alquileres ilícitos se mantenían "bastante tiempo, porque una de las principales actividades que se busca en el tema de la inmigración irregular por parte de los migrantes es el empadronarse y él --el detenido-- no les facilitaba el empadronamiento directamente, sino que les decía que si estaban un año viviendo ahí, se podían empadronar".

Los investigadores han estimado, además, que el arrestado ha obtenido un beneficio ilícito de estos alquileres de una media de 400 o 500 euros por habitación, multiplicado por meses y por 60 o 70 personas.

A esto, han añadido el hecho de que el detenido "cobraba lo que le parecía" a los inquilinos en cuanto a luz. "Las habitaciones tienen un enchufe de la luz, o sea, una bombilla y poco más, y luego son muy insalubres, carecen de ventilación; es un peligro porque tienen bombonas de butano y hornillos". "Sí creo que van a cerrar todo eso", ha continuado.

En declaraciones a los medios, el inspector jefe también ha afirmado que el detenido era el único administrador de estos habitáculos, la mayoría concentrados en la calle de Joan Miró, donde se han detectado alrededor de 32.

El arrestado, de más de 50 años, fue puesto en libertad por parte de Policía Nacional y está imputado por los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal y estafa.

Sobre las víctimas, ha concretado que la mayoría eran de nacionalidad hispanoamericana. Además, durante la investigación se comprobó que una persona, que a su vez había alquilado uno de los habitáculos, desde ahí empadronó a "bastantes personas sin vivir ahí", pero esta última no guarda relación, en un principio, con el agente implicado.

Por último, preguntado por si el policía arrestado se aprovechó de su condición, el jefe de Brigada ha matizado que todas las víctimas conocían su profesión, que ejercía desde hacía "bastante".

"Lo que es cierto es que todas las personas que han declarado sabían que era policía. Para un extranjero que está irregular, si es policía, pues no hace falta decir mucho más", ha finalizado Manso.

LOS HECHOS

La Policía Nacional y la Policía Local de Palma han detenido a un agente municipal que gestionaba trasteros y locales comerciales como viviendas de forma fraudulenta para inmigrantes, a quienes cobraba entre 300 y 750 euros.

El funcionario está acusado de delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, contra la integridad moral y estafa a raíz de una denuncia que partió de la Conselleria de Vivienda.

Según el relato de los agentes, el presunto autor, una vez que acababa su jornada laboral, gestionaba varios inmuebles en plantas bajas y sótanos en Palma. Los tenía habilitados como trasteros y no tenían luz o ventilación adecuada y también habilitaba locales comerciales como microviviendas en las que residían numerosas personas en su mayoría de origen extranjero y en condiciones insalubres.

En total el denunciado gestionaba 73 habitaciones-viviendas en barriadas de la zona de Gomila, proximidades de la calle Manuel Azaña, Foners, Lluis Sitjar y sa Indiotería.

Tras realizar las primeras gestiones de investigación, los agentes comprobaron que muchos de ellos carecían de iluminación y ventilación alguna, siendo el espacio de 'vivienda' de unos ocho a 15 metros cuadrados en los que se ubicaba un WC, una ducha, un hornillo y un frigorífico. En algunos de los trasteros también se ha encontrado alguna bombona de gas con el consecuente riesgo para la vida en caso de escape.

Las víctimas pagaban por cada habitáculo entre 300 y 750 euros y la mayoría de los afectados eran de origen extranjero.

Tras gestiones realizadas, se ha averiguado que existían víctimas que estaban en situación irregular en España, favoreciendo así la inmigración irregular.

El presunto autor tenía instalado un dispositivo para el control del consumo de electricidad de los habitáculos, manipulando las facturas de la luz para que los supuestos 'inquilinos' pagaran más de luz que lo consumido.

Una de las víctimas empadronó de forma fraudulenta a otras 12 personas en situación irregular en España y también detenido por tales motivos.

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